Domingo 07 de febrero de 2010
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Interés general
La revisión técnica podría instrumentarse en septiembre
Si el Gobernador aprueba su contenido, en marzo o abril podría estar firmándose un convenio con el rector de la UTN, Carlos Brotto, para que la casa de altos estudios garantice la revisión técnica vehicular en la provincia.
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La revisión técnica podría instrumentarse en septiembre

L

os funcionarios provinciales aceptan que Entre Ríos es parte de un lote de cuatro provincias donde los controles no se hacen, tal como lo exige la normativa nacional. De todos modos, dan por hecho que en 2010 todo el sistema estará operativo, a un costo menor que el que rige en cualquier distrito de la Argentina. Un relevamiento sobre cómo se implementó la revisión técnica vehicular en distintas provincias, fue el puntapié inicial de un trabajo que, entre sus objetivos, tenía el de superar la impresión que un intento anterior había dejado en el imaginario popular. De esa época, habían quedado cuatro talleres instalados, algunos con equipamiento que nunca fue ni siquiera desembalado. Las instalaciones de todos modos deberán ser reacondicionados. El cuadro analítico comparativo y la visita a distritos donde la experiencia está funcionando bien, aconsejó capitalizar la relación existente con la Universidad Tecnológica Nacional. Ante una consulta al respecto, el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, explicó que con la UTN “además de ser un organismo estatal con el cual podemos tener convenios de cooperación recíproca, como de hecho ocurre en muchas otras materias, resulta que cuenta con un know how al respecto”, es decir, ha desarrollado en función de una habilidad para transferir tecnología y organización un prototipo, un modelo perfectamente aplicable a estos casos. En efecto, a través de un instituto que la UTN creó especialmente, se lleva adelante el control en varias provincias. “¿Quién va a administrar los talleres?”, se preguntó. “El sistema será concesionado a partir de un mecanismo que la UTN tiene en aplicación: por su cuenta, aunque con la auditoría del Estado provincial, llamará a licitación para la operación y explotación del servicio”, contestó Federik. “¿Cómo ejercerá el Estado la auditoría general?”, se planteó. “En la auditoría provincial estará representada la Dirección de Seguridad Vial de la Policía y la Dirección de Transporte, además de la secretaría a mi cargo, que es la contraparte que firmará el acuerdo con la UTN: lo que se controlará es que el servicio se preste, que el nivel de las instalaciones sea el adecuado y después tendrá que resolver los porcentajes de efectivización de la revisión, de lo que depende el pago del canon”, aportó, antes de recordar que “al cobro lo hará la provincia, mediante la liquidación del Impuesto Automotor; de ahí, entre el 82 y el 85% de lo efectivamente revisado le paga a la UTN que, a su vez, le transferirá un monto (a decidir en la licitación) al concesionario”. Privado “¿Quiénes pueden participar de la licitación?”, insistió esta Hoja. “Será un operador privado que administrará los cinco talleres fijos y los tres móviles, no necesariamente de Entre Ríos porque el concurso al que convocará la UTN es a escala nacional”, comentó, no sin dejar de señalar que “nos interesa que el proceso de selección quede libre de toda sospecha, fundamentalmente por la historia previa que arrastra sobre sus espaldas la revisión técnica vehicular y por los intereses que hay en pugna”. En un determinado momento, el propio entrevistado se hizo la pregunta que, seguramente, le hubiera gustado escuchar y responder. “¿Cuáles son los beneficios que a la Provincia le corresponden? En principio, no se hace cargo en forma personal ni de los procesos licitatorios ni de la operación; segundo, cobra por Patente a la totalidad del universo de propietarios de vehículos y paga sólo por lo efectivamente revisado; tercero, como el servicio ya estará cobrado y además la tarifa será la más baja, creemos que será muy alto el ‘techo` de los controles”, explicó. “¿Qué pasará con la diferencia entre lo recaudado y lo abonado por canon?”, se interrogó. “Conformará un fondo que la Provincia, a través de una comisión que está a cargo de la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, destinará anualmente a acciones que estén vinculadas con la seguridad vial, como campañas o programas para optimizar la señalización, pero que nada tendrán que ver con mejorar las condiciones de operación del sistema, que dependen exclusivamente del vínculo que se establezca entre la UTN y el concesionario”, aportó. No hace falta que lo diga Federik para darse cuenta de que apenas el sistema está en condiciones de arrancar el Impuesto Automotor llegará con un recargo, producto de la inclusión en la liquidación de la revisión. El funcionario, no obstante, insistió en las ventajas del sistema. “Es más transparente, evita que el concesionario manipule recursos; además, fija taxativamente el valor de su trabajo, con lo cual se impide que en los talleres se ceda a la tentación de cobrar cualquier cosa, por ejemplo cuando se acerca la temporada de vacaciones: es el Estado el que recauda y paga contra prestación”. En principio, el servicio será prestado en las plantas que serán transferidas a la UTN, que deberán ser adecuadas conforme un prototipo de taller para que sean de línea continua, con poca espera. “Por esto también es importante poner en marcha casi en simultáneo la auditoría provincial, para que todo cumpla con el mínimo requerido”, completó Federik. “¿Cómo se tramitaría un eventual aumento del canon?”, se inquirió. “Así como la Provincia definirá la política de calificación de los interesados, el operador podrá plantearnos una instancia para negociar cuando entiendan que necesitan un nuevo cálculo de costos”, declaró. Acción y reacción Aunque antipático para los automovilistas, el anuncio del Gobierno provincial es una buena noticia. Hace una semana se daba cuenta de que Entre Ríos era el único distrito en el que no se realiza la revisión técnica vehicular, pero extendía constancias a quienes las solicitan para viajar. En rigor, la Provincia ni siquiera ha adherido a la ley nacional de tránsito. El control del estado general de todos los vehículos es una necesaria acción que debe complementar los operativos en rutas. Por eso, aunque se trata de una reacción tardía, es un hecho que merece ser destacado. No importa si se trata de una iniciativa propia o de una respuesta inmediata. Pero todavía falta: la implementación de programas de educación vial en las escuelas debe ser una prioridad y, a la vez, una política de Estado, para lo que viene, porque lo que está en juego son vidas humanas en una provincia que es de las que tiene mayor cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito. (Fuente: Victor Fleitas, El Diario).-
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