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a Justicia archivó una causa iniciada contra Alfredo De Angeli y otros 250 productores agropecuarios que el 23 de febrero de 2009 tomaron la sucursal de la localidad de Hasenkamp del Nuevo Banco de Entre Ríos. Fue porque la entidad financiera presidida por el empresario Enrique Eskenazi, socio de la petrolera YPF y de estrechos vínculos con el kirchnerismo, no quiso continuar con la acción penal. El planteo fue formulado por Américo Soto, gerente de Recuperación Crediticia y Asuntos Legales del Banco, quien el 2 de junio pasado declaró en la causa. El ejecutivo de la entidad dijo que el directorio lo instruyó "para que manifieste que carece de interés en la prosecución de las presentes actuaciones", algo muy diferente a lo que sostuvo el día en que De Angeli encabezó la toma del banco. Ese caluroso 23 de febrero pasado, en la Comisaría de Hasenkamp, Soto pidió a la Policía "el desalojo de los intrusos del inmueble", según consta en la foja uno del expediente 56.534. En la causa, el Nuevo Banco de Entre Ríos denunció la usurpación de su sucursal, un delito para el que se prevén penas de un mes a tres años de prisión. Soto también pidió ayuda para que se protegiera a los empleados y a los bienes de la sucursal. Fue tras fracasar en su intento para que De Angeli y los productores enrolados en la Federación Agraria Argentina (FAA) abandonaran el banco, en el que se atrincheraron luego de presentar un petitorio de 10 puntos. Entre otras cosas reclamaban la suspensión de las intimaciones a productores de la región. Y, si bien el planteo fue girado a la casa central en Paraná, las autoridades del banco se negaron a negociar. La toma, que se inició a las 9.45, terminó 24 horas después, poco antes de que se produjera un nuevo encuentro entre la Mesa de Enlace y el Gobierno. En el expediente judicial, de apenas 50 folios, no sólo figuran la denuncia inicial de Soto y su testimonial. También declararon el gerente de la sucursal y cuatro empleados, a lo que se agregaron imágenes captadas por el circuito cerrado con que cuenta la entidad. La sentencia del juez Carlos Ríos quedó firme el 15 de diciembre pasado. En sus fundamentos señala: "Queda claro que (Soto) ha recibido expresas instrucciones de no continuar con la presente y por ende no brindar ayuda a la investigación en curso". El magistrado también tuvo en cuenta que todos los testigos declararon que no hubo daños a la propiedad ni maltrato a los empleados.