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l juez en lo Civil y Comercial Número 6 de Paraná, Eduardo Planas, dictó una polémica resolución a partir de considerar que los actos administrativos están dictados de acuerdo a las normas y en la que termina cuestionando a los demandantes por no presentar pruebas de lo que denuncian. En la presentación judicial, la Unión de Entidades Pyme de Entre Ríos (Ueper), el Centro de Almaceneros y un vecino de Paraná reclamaron la nulidad “por inconstitucional” de la resolución dictada el 8 de septiembre de 2009 por el intendente José Carlos Halle por la cual se habilitó la construcción del hipermercado por vía de excepción del Código Urbano y sin convocar audiencia pública, como se requiere para este tipo de emprendimientos, y solicitaron que se suspendan las obras a cargo de una empresa rosarina. Los demandantes también dicen que “no se ha fundamentado la factibilidad para la obra”, a lo que el magistrado responde que “debe darse por entendido que si la Municipalidad de Paraná ha factibilizado el anteproyecto en cuestión es porque habrá verificado que cumple con las condiciones de sanidad ambiental y no afectará el ambiente urbano”. En tanto, acerca de los cuestionamientos por “el modo de contratación laboral” que tiene la empresa, dice el juez que se trata de una materia que “debe ser fiscalizada y supervisada” por la Dirección Provincial del Trabajo; y en cuanto a que emprendimientos de semejante envergadura “no pagan tributos”, responde que “ello eventualmente deberá ser corregido por una decisión política del Gobierno”. En definitiva, concluye que se trata de cuestionamientos que “exceden la órbita del Poder Judicial”. La primera voz en levantarse contra la medida fue la del dirigente la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Aldo Bachetti: “El fallo es de una tremenda liviandad jurídica e intelectual”, dijo. Más cauto, el abogado Santiago Reggiardo se excusó de emitir una opinión aduciendo que no ha sido notificado del fallo judicial y, si bien aclaró que una vez que conozca los argumentos del magistrado está en su ánimo apelar la resolución, reconoció que “de quedar firme la medida, la obra del hipermercado –que está en su última etapa– podría finalizar sin trabas”. Además, en otro punto de su resolución, el juez apuntó que el perjuicio planteado “no ha podido ser acabadamente cumplimentado por la parte accionante, teniendo en consideración que no alcanza la mera alegación de su existencia sino que es menester demostrar que la decisión que se cuestiona es ilegítima por adolecer de vicios en cuanto a su legalidad”. En definitiva, el magistrado rechazó la medida cautelar y se permitió dejar constancia de que se trata de un régimen que “no procede respecto de actos administrativos del Estado” y que “la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora no se cumplen en la plataforma fáctico-legal para otorgar crédito y admisibilidad a la cautelar analizada”, por lo que decidió “desestimarla de plano ante la ausencia de vicios de legitimidad en la especie que tornen viable su concesión”. Si bien el juez dejó abierta la instancia judicial, en tanto, no resolvió respecto de la cuestión de fondo, el hipermercado tiene vía libre para abrir sus puertas a mediados de año, tal como está previsto. (Fuente: El Diario)