Miércoles 24 de febrero de 2010
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Política
Diputada reclama que el Estado provincial pague en blanco
Asegura que si el gobierno se muestra implacable con el sector privado, debe ser un ejemplo en política salarial y laboral. Recuerda que elaboró un proyecto en el año 2009. Denuncia empleados y jubilados de primera y segunda categoría.
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D´Angelo pidió que el Estado sea un ejemplo en materia salarial.

L

a diputada Ana D´Angelo del Encuentro Amplio (EA) recordó que propuso "terminar con el pago de códigos en negro e instó al gobierno provincial y a los municipales a cumplir con el mandato constitucional que obliga a blanquear los aportes que componen el salario de los trabajadores. En cuanto a la problemática del sector docente, la legisladora pidió en 2009 a sus pares nacionales el tratamiento en el Congreso que aprueben la incorporación al básico de los montos que se les liquidan provenientes del Fondo de Incentivo Docente y del Financiamiento Educativo", comunicó a INFORME DIGITAL. “También desde el Bloque del Encuentro Amplio se propuso para el debate en comisión, un proyecto de reglamentación del artículo 82º de la nueva Constitución y blanqueo progresivo de los sueldos, porque si bien hubo avances, no se puede dejar de mencionar que hay todavía sectores en la provincia con códigos en negro y otros como el de los trabajadores municipales cuya composición salarial no remunerativa resulta escandalosa. Aunque se atraviesa por una situación financiera endeble, no es escusa para dar una respuesta progresiva, porque un Estado que se muestra implacable frente a los privados, debería ser un ejemplo en materia de política laboral y salarial hacia sus propios trabajadores”, instó la diputada. Cabe recordar que D`Angelo propuso que los tres poderes del estado provincial reconozcan el carácter remunerativo a toda porción salarial permanente y habitual de sus agentes que, al 1 de noviembre de 2008, no haya revestido tal carácter y establecía en su articulado que “los salarios que han sido otorgados en carácter de no remunerativos, deberán ser convertidos en remunerativos en forma progresiva a lo largo de cinco ejercicios a partir del año 2010, conforme a una programación financiera y económica que implique un mínimo de un veinte por ciento (20 %) anual de regularización de tales salarios” mientras que pedía que “los salarios que no revistan el carácter remuneratorio deberán alcanzarlo conforme a un programa de aplicación plurianual”. “Esta situación de precarización laboral, genera además que en nuestra provincia, haya trabajadores y jubilados de primera y de segunda categoría” denunció la diputada del Encuentro Amplio porque hay sectores del Estado que lograron blanquear gran parte de sus haberes mientras que otros mantienen porcentajes escandalosos en negro. “Muchas veces los trabajadores activos aceptaron incrementos en negro por la necesidad del momento, pero esta actitud refleja no solo una falta de solidaridad hacia los jubilados, sino una consecuencia global hacia el futuro donde todos trabajador jubilado verá reducido su beneficio. Esto es pan para hoy y hambre para mañana y un trato injusto y vergonzoso hacia los adultos mayores, que en otros países son privilegiados en el trato por parte del Estado”. “Los aumentos en negro – dijo – no sólo que ofrecen una mejora salarial irreal, sino que atentan contra el sistema jubilatorio y de obra social que se sostiene con los aportes y contribuciones de los trabajadores y que es la base del esquema solidario que sostiene a ambas instituciones” por lo que había sugerido en su iniciativa “un plazo prudencial para evitar cualquier problema financiero y permitir la programación en el tiempo de las obligaciones que la Provincia debe afrontar para con la Caja de Jubilaciones y el IOSPER”, recordó D´Angelo. Qué dice el artículo 82º de la Constitución “El trabajo es un derecho que el Estado protege e impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en igualdad de condiciones para todos, reivindicando su competencia en materia de policía. Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones convencionales y sanciona su incumplimiento”. Más tarde afirma: “Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”.
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