Domingo 28 de febrero de 2010
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Economía
Olmos reclama al Congreso asumir su rol auditor de la deuda externa
Dice que ya se presentó un proyecto para que las Cámaras realicen una investigación y asegura que el Gobierno deberá pagar sólo lo que está en el Presupuesto si se cae el fondo del Bicentenario. Video de su visita 2007 a Paraná.
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Olmos volvió a reclamar al congreso que asuma sus obligaciones en la investigación de la deuda.

A

lejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, y murió unos meses antes del histórico fallo del juez Jorge Ballestero, quien dictaminó la ilegitimidad de parte de la deuda externa, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que la contrajeron y la corresponsabilidad de organismos internacionales, como el FMI, que aprobaron préstamos fraudulentos. Su hijo tomó la posta de su padre y fue contratado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para integrar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, para investigar la deuda ecuatoriana. Volvió a Paraná y desarrolló una conferencia sobre la deuda externa y su relación con el fondo del Bicentenario. Habló sobre esta relación y pidió la participación del Congreso Nacional. —El tema de la deuda externa parece haber retoñado en la agenda pública… —Nunca estuvo tan en el tapete como ahora, ya que la propia Presidencia de la Nación la puso en ese lugar a través de este fondo del Bicentenario que no es otra cosa que utilizar reservas para pagar la deuda externa, porque lo que está afectado en el presupuesto lo quieren disponer para otra cosa. Mi posición con respecto al fondo del Bicentenario es que es un decreto de necesidad y urgencia que no es de necesidad ni de urgencia porque, primero, a la plata hay que pagarla dentro de varios meses; segundo, un hecho fundamental: yo no comparto ese slogan que dice que no hay que pagar la deuda. No. A la deuda hay que pagarla, pero hay que auditarla y determinar cuánto tiene de ilegal. Acá, a través de la investigación que ha hecho la justicia federal, y no me refiero sólo al “Fallo Ballestero” (histórico fallo judicial sobre la deuda externa de la Argentina) ya que hay otros juicios que están en pleno trámite, está demostrado que existen delitos de acción pública, ilegalidad, violaciones de la Carta Orgánica del BCRA, en fin, hay un stock de quebrantamientos del orden jurídico realmente notable. Entonces, una de las cosas fundamentales es que lo que es ilegal no puede ser legalizado por nadie ni por ninguna ley de Presupuesto, ningún Congreso, ni ningún Poder Ejecutivo. Esto es desconocer el ABC del derecho. En esto caen los economistas y la mayor parte de la dirigencia política que creen que esto no se puede revisar, que hay un partido único de la deuda —excepto Pino Solanas y la gente del Interbloque— que dicen que hay que pagarla, más allá que se pague con el Fondo del Bicentenario o lo que sea, sin posibilidad de ser discutido. Esto es un disparate. —El Fallo Ballestero lo que hacía era legitimar esta auditoría sobre la deuda… —Claro, pero el fallo Ballestero estaba acotado a un período 1976-1983. Ahora, las investigaciones que hay en marcha investigan la deuda hasta ahora… —¿Megacanje incluido? —Sí, con el Megacanje incluido. Además por el Megacanje están procesados Domingo Cavallo y Daniel Marx y va a juicio oral y público este año, y por otro lado —otra de las cosas que yo estimo como relevante— es que todos hablan de “deuda vieja” y “deuda nueva”. La deuda vieja es la de la dictadura y la nueva es la de la democracia, y dicen: “son deudas distintas porque una es la de aquellos años y otra es la de ahora”. Pero en las causas judiciales, está acreditado por pericias, informes oficiales, testimonios y documentos que la deuda de hoy es la misma deuda de la dictadura permanentemente refinanciada, con excepción de algunos préstamos del Banco Mundial o BID para algún programa específico… Otro hecho grave del que se guarda hermético silencio —y tiene lógica porque tiene que ver con los privados—, es que en estos momentos, de acuerdo a las cifras oficiales, holdouts incluidos, tenemos una deuda externa de 176 mil millones de dólares. —Casi un PBI… —Claro, casi un PBI. Incluso algunos dicen que disminuyó medido al PBI de 2002. Claro, pero el PBI subió, y la deuda también subió. Lo que no se dice es que la mitad de ese monto es deuda que contrajeron las empresas privadas, que fue contraída en 1982 y perfeccionada en el año 1985. Lo que pocos saben es que esa deuda, su mayor parte, fue peritada y se demostró que eran deudas creadas artificialmente por Renault Argentina, por Fiat Sevel, por las empresas del Grupo Macri, por Celulosa Argentina, por Papel Prensa, para beneficiarse transfiriendo la deuda a toda la comunidad. Público-Privado —¿Cuál sería el beneficio de estas empresas si crean una deuda ficticia que pagamos todos? —No las inflaron. Ellos dijeron que tenían una deuda con un banco extranjero, deuda que no existía, y el banco extranjero recibe el pago y se lo remite a estas empresas. Es un beneficio absolutamente directo. —¿Si la deuda fue refinanciada por gobiernos democráticos se desacredita el argumento que fue contraída por gobiernos ilegítimos? —Sí, lo que pasa es que se confunden algunas cosas. Para el derecho internacional es irrelevante si la deuda ha sido contraída por un régimen de derecha, de izquierda o un gobierno de facto. Toda la doctrina jurídica establece que una deuda es exigible. Lo que pasa es que acá hay una serie de hechos incontrastables: primero los acreedores sabían a quiénes le estaban prestando; segundo, de acuerdo a la doctrina jurídica de los EE.UU., una deuda no utilizada en beneficio de un pueblo que la contrajo es una deuda que puede ser repudiada, y por otro lado acá hubo una complicidad estructural entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los operadores privados que creaban deuda. Esto es tan así que el FMI, por primera vez en la historia nacional, tuvo oficinas en el Banco Central de la República Argentina en 1976, y no se fue sino hasta el año 2004, y monitoreaban todos los procesos en forma sistemática. Acá hay toda una maraña difícil de desentrañar porque toda la documentación es reservada. El futuro del fondo del Bicentenario El Poder Ejecutivo no va a tener otra alternativa que pagar lo que tiene asignado por el presupuesto, 6.700 millones de dólares. Por otro lado, el déficit fiscal de este año va a exceder los 90 mil millones de pesos, o sea que el gobierno se verá en una encerrona muy difícil de salir. Por otro lado, Proyecto Sur va a presentar en el congreso la semana que viene —donde parece que existen algunos apoyos— para constituir una comisión bicameral de investigación de la deuda externa por un año, y por primera vez el Congreso va a tomar el papel que le corresponde institucionalmente, auditando y controlando la deuda externa argentina. Las similitudes en Latinoamérica Alejandro Olmos adquirió relevancia internacional cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado lo designó miembro de la Auditoría Ecuatoriana de la Deuda Externa y compartió un equipo de trabajo que cuestionó la legitimidad de los compromisos externos de ese país. Al respecto, Olmos dice que cuando fue asesor personal del Presidente ecuatoriano para el proceso de suspensión de los pagos, allí se pudo ver todo el proceso completo y era exactamente “igual al de la Argentina”. “Deuda de la dictadura, reestatización de 1982, refinanciación de la democracia, plan Brady, Bono del 2000, Megacanje, exactamente lo mismo.” —¿Correa terminó aceptando un 30 % de deuda legal? —No, la totalidad de la deuda fue considerada espuria. Lo que sucede es que primero pidió la solidaridad de todos los países latinoamericanos y nadie se la dio, más allá de alguna manifestación y declaraciones a la prensa. También sucedió que los precios del petróleo se desbarrancaron y los migrantes ecuatorianos con motivo de la crisis dejaron de enviar divisas al Ecuador y el presidente se vio en una situación grave. A las cinco horas de haber presentado esta auditoría me llamó el Dr. Arturo Carrillo, abogado de la Chase Morgan, para preguntarme “cómo se arregla esto”. Para el Chase Morgan la deuda ecuatoriana era nada —3.500 millones de dólares— el problema era que por primera vez un Gobierno fue a EE.UU. a cuestionar los contratos de deuda y mostrar la arquitectura del fraude, era mostrar lo que se hizo en la Argentina, Brasil y todos los países, y eso no se podía permitir. (Fuente: El Diario)
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