U

nas 14 viviendas más por mes podría construir el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) si la totalidad de los 25 mil adjudicatarios estuviese al día con los pagos de las cuotas. Pero esto no es así. Mensualmente, el organismo provincial no puede recuperar más de 1,5 millones de pesos. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que la morosidad ronda el 50 % de la cartera de beneficiarios y más aún, cuando existen 35 mil familias en lista de espera aguardando por una casa. De acuerdo con un relevamiento que hizo recientemente el Instituto, sobre 1.200 casos, sólo un 6 % de los morosos “verdaderamente no puede pagar por distintas circunstancias, ya sea porque están sin trabajo o por un problema de salud”, según confesó el presidente del IAPV, Julio Aldaz. Al resto de los deudores se los está “invitando”, mediante cartas, a que regularicen su situación o acuerden un nuevo convenio de pagos, pero cuando la omisión de los adjudicatarios persiste, la instancia es la judicial la que podría derivar en el remate de la vivienda. Los últimos registros del IAPV dan cuenta que de los 690 juicios iniciados, un 90 %, en instancia judicial y cómo última oportunidad antes de la sentencia, se acordó un convenio de pago o logró una refinanciación de su deuda y así evitó el remate. Dinero Si bien años anteriores, como fue la crisis del 2001, la morosidad llegó alcanzar el 80 %, en los últimos cuatro años el organismo logró estabilizar el porcentaje de cobranza en un 50 %. Actualmente, el IAPV, de las 25 mil facturas que emite, sólo recupera 3.400.332 de pesos, según la facturación de enero de 2010. El otro 50 % pasa a la cartera de deudores, lo que equivale en pesos –por lo menos así lo reflejan los balances de ese mismo mes– en 1.545.902 pesos. Si se tiene en cuenta el valor de las viviendas, como las que se van a construir a través de un fideicomiso que autorizó la Legislatura, el IAPV estaría en condiciones de edificar 14 unidades habitacionales más por mes, de 44 metros cuadrados cada una. La cotización es según los valores que maneja la Secretaría de la Vivienda de la Nación para la región NEA (Entre Ríos, Corrientes, Chaco Formosa y Misiones). Hoy una vivienda con esas características, es decir 44 metros cuadrados, dos dormitorios, cocina comedor, baño y con servicios de agua potable, luz y cloacas, está cotizada en unos 110 mil pesos. Un adjudicatario, con un salario de 1.200 pesos, debe pagar, como cuota inicial, unos 300 pesos mensuales. “En los últimos años hemos modificado el sistema de ventas de viviendas y las cuotas se van actualizando. El adjudicatario sabe que su cuota irá aumentando, no de manera significativa, pero sí de manera razonable. Originalmente, el sistema era otro y el valor de las cuotas, con la inflación, se iban licuando”, acotó Aldaz. Para el IAPV, como para los otros institutos de viviendas del país, el talón de Aquiles es la recaudación. “Nosotros, si bien nos encontramos en la mitad, hemos mejorado en relación a años anteriores, cuando el recupero era sólo del 20 %. El incremento se dio porque hemos logrado que los empleados públicos provinciales o municipales, que accedan a una vivienda, firmen su conformidad para que se les descuente del sueldo el valor de la cuota, esa es una de las condiciones”, sostuvo Aldaz. Lo más curioso del relevamiento hecho por el Instituto es que el 50 % de morosos se compone así: un 6 % es incobrable, pero un 44 % tiene capacidad de pago. Con ese dato, el organismo entrerriano ha girado las intimaciones a los adjudicatarios para cobrar. Además de los 690 juicios, el IAPV inició otras 30 demandas de cobro y en los próximos días unas seis viviendas irán a remate. “Estamos haciendo una campaña publicitaria en toda la provincia para que la gente tome conciencia de lo que significa tener una vivienda y por eso deben pagar la cuota. No queremos caerles de sorpresa a los deudores, aunque saben que deben pagar, con una demanda. Aquellos que no regularizan su situación con el IAPV, vamos a ir por la demanda de ejecución de la deuda”, señaló Aldaz. “En las instancias previas al inicio de las acciones, se les ofrece a los adjudicatarios hacer nuevos planes de pagos y muchos acceden, pero a la segunda o tercera cuota que dejan de pagar, se cae ese convenio. Nosotros apuntamos a quienes pueden pagar la cuota y no lo hacen, pero también a aquellos que realmente tienen dificultades, se les deja de emitir la boleta por uno o dos años o bien se les cobra la mitad de la cuota”, puntualizó el funcionario. Costos “Somos flexibles, pero no queremos que el no pago sea una costumbre, por eso a lo que apuntamos es que a ese sector, que sabemos que puede pagar, lo haga, porque sabemos que priorizan otras cosas con los ingresos que tienen que el pago de su casa”, dijo el titular del IAPV, Julio Aldaz. Hasta ahora, el Instituto no tiene un mecanismo aceitado de cobranza. No existe, como sí sucede con las entidades financieras, que a la cuota equis sin cobrar, se les inicia la demanda. “La incobrabilidad se ha ido acumulando. Hace unos cuatro o cinco años que muchos de los adjudicatarios no están pagando, pese a las posibilidades que se les ha brindado. Este es un sistema solidario y social, por lo que el fin del Instituto no es ganar plata, sino construir viviendas de características sociales, destinadas a los sectores que no pueden hacerlo por otros sistemas financieros privados. Creo que muchos especulan hasta último momento, sobre todo cuando se inician las acciones legales y recién ahí deciden hacer un convenio de pago. Nuestras función no es echar a la gente a la calle, sino que paguen su casa, por eso vamos a actuar con mayor rigurosidad”, destacó. Para mejorar el nivel de recaudación, el IAPV firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para que realicen un informe sobre todo el sistema. “Lo que queremos es que nos hagan un diagnóstico y nos aconsejen cuáles son las medidas que hay que tomar para mejorar la recaudación del Instituto”, señaló Aldaz. (Fuente: El Diario)