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las denuncias que involucraban “aprietes y sospechas de enriquecimiento ilícito” que desplegara semanas atrás el ex hombre fuerte del gremio y actual senador, Santiago Gaitán, se sumaron ayer las de los principales dirigentes de la Agrupación Vida, Unidad y Progreso, que competirá como lista Amarilla y Negra (300). Según los referentes José Antonio del Castillo –que encabeza la lista- y Rodolfo Solanas, es necesario denunciar los hechos que motivaron el corte de calle y quema de neumáticos en la puerta de la Dirección de Vialidad la semana pasada. “Hace un mes nos enteramos que el compañero Aníbal Albornoz es sancionado por una supuesta falta de respeto –que nunca se comprobó ni hay pruebas- por el director de Mantenimiento y Suministros, Néstor Kemerer, con la quita de los adicionales, por cerca de 800 pesos por mes. Luego de pedir explicaciones a Kemerer y al ingeniero jefe, Guillermo Van Opstal, y viendo que se estaba cometiendo una injusticia, nos decidimos por el diálogo, pero nada obtuvimos. Entonces cuando cortamos la calle se entera el presidente Jorge Rodríguez y nos convoca a reunirnos y se anoticia de la actuación de Kemerer que nos había dicho que Rodríguez estaba al tanto de todo. Miente y vuelve a mentir este señor. En realidad es la metodología de achicarle el bolsillo y perjudicar a la familia, todo porque Albornoz forma parte de nuestra lista como vocal”, describe Solanas. “Estamos seguros que esto se hace para atemorizar a los trabajadores, pero no nos pueden doblegar a los compañeros que no se bajan de las listas”, dice Solanas. Irregularidades Los trabajadores de la lista 300 dicen que Rodríguez se muestra con buena predisposición, pero lo cierto es que la nómina del oficialismo está integrada por el ingeniero en jefe, directores y jefes zonales, lo cual –aseguran- está prohibido en la ley porque “son patrones y trabajadores a la vez, y ellos aplican la ley de premio para quien está en su lista y castigo para el trabajador que no lo acompaña”, describe Del Castillo. No es todo También narran que el director de Conservación, Jorge Ylarragorri “está usando la prepotencia y, en una forma inescrupulosa, amenaza a los trabajadores. Estar con la lista oficialista tiene su privilegio ya que le han dado mayor jornada horaria, viáticos, permanencia, y al que no está le han ido quitando todo. Nosotros por el hecho puntual haremos una presentación judicial, y este manoseo que se ha hecho de las elecciones impide que se debata un proyecto para el sindicato y se vea qué pasa con los sueldos, con la obra social, con los jubilados y sus problemas al pasar o no al Iosper, a las necesidades que tenemos como recuperar el estatuto y el escalafón de la ley 20320, que son propuestas de nuestra lista. Nuestra plataforma está articulada pensando en el bienestar de los trabajadores y los jubilados, y creemos que los viales van a reconocer esto por sobre la ilegalidad que presenta la lista oficial de Lallana (Juan Carlos)”, precisaron los trabajadores. Todo indica que en el camino de las dos semanas que restan, cuando los 1.400 trabajadores se aproximen al cuarto oscuro, el clima estará mucho más enrarecido y las definiciones y denuncias no cesarán. Los trabajadores de esta lista dejaron algunos conceptos más. - ¿Ustedes creen, como Santiago Gaitán, que existe una intervención directa del Poder Ejecutivo en la interna vial? - Si por poder Ejecutivo se entiende la Casa de Gobierno, creo que no. Si se entiende la primera línea de funcionarios de Vialidad no tengo dudas, sacándolo a Rodríguez que ha mostrado una actitud con nosotros de buena predisposición. Pero desde el ingeniero jefe, pasando por los directores y jefes zonales, por supuesto que sí. Hemos tenido reuniones con funcionarios de primera línea del Gobierno, muy cercanos a Urribarri, que dijeron que aplicar estas medidas de apriete parece metodología de cuando gobernaban los militares. Dijeron que el Gobernador no avala estos aprietes. -¿Y por qué no piden la intervención de la Secretaría de Trabajo ante todas las irregularidades que denuncian? -Nosotros queremos que el castigo llegue de la mano del voto de los trabajadores y que se dé cuenta que están haciendo una chanchada. Y siempre está el riesgo de que una intervención dure cuatro o cinco años y terminemos todos perjudicados. No queremos poner en riesgo las elecciones. Sabemos que es ilegal, y queremos que la gente lo castigue con el voto. Nosotros creemos que estos aprietes a la gente muestran que no está tan seguro el triunfo del oficialismo como ellos dicen. (Fuente: El Diario)