E

l médico Ricardo Rizzo, uno de los tres integrantes de la comisión fiscalizadora creada por la administración del ex gobernador Jorge Busti para monitorear el funcionamiento del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), no consiguió que el Estado le actualizara los salarios que cobra por esa función. Su pretensión era que se equipararan sus ingresos con la remuneración de un fiscal del Tribunal de Cuentas, por todo concepto. Se trata de una cifra superior a los 12 mil pesos por mes. Rizzo llegó a ese cargo en la fiscalizadora luego de haber sido designado por Busti como interventor del Iosper, en julio de 2005, sucediendo en esa misma función a Miguel Sampietro. Un año después, al dejar su puesto en manos del actual directorio de la obra social, no perdió el trabajo, sino que fue ubicado al frente de la comisión fiscalizadora –que comparte con el abogado Ernesto Denis, y la ex secretaria de Salud, Graciela Traverso–, aunque su alejamiento de la intervención se dio en medio de polémica. Entonces, a mediados de 2006, los nuevos directores pusieron en dudas las gestiones de Sampietro y de Rizzo, que incluso habían sido observados por el Tribunal de Cuentas. Claro que la llegada del nuevo directorio se dio en medio de la sanción en la Legislatura de una norma que modificó la ley de creación de la obra social, con la inclusión de la figura del cogobierno, a través de una comisión fiscalizadora y un gerente general, designados por el Ejecutivo. Encorsetada la gestión por la fiscalizadora, fue poco lo que se pudo avanzar en la investigación de las gestiones anteriores, según admitió el titular del Iosper, Silvio Moreyra. Sin consideración El 10 del actual, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 5.312 por el cual se declaró “abstracto” el reclamo que había formulado Rizzo. El funcionario había pedido el “reajuste” de los haberes que percibe como integrante de la comisión fiscalizadora permanente del Iosper, creada por Ley Nº 9.715, y en la cual fuera designado por Decreto Nº 3.366/06. En su artículo 5°, esa norma estableció que la obra social “estará sometido al contralor de una Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social, sin perjuicio del correspondiente a los organismos de control de rango constitucional que lo conservan sobre el ente en forma independiente a dicha comisión. La comisión fiscalizadora permanente estará compuesta por tres miembros, un abogado, un contador y un médico, designados por el Poder Ejecutivo, que percibirán una retribución equivalente a la del fiscal del Tribunal de Cuentas”. Aunque el decreto reglamentario de esa ley aclaró que en lo salarial “la remuneración de los integrantes de la comisión fiscalizadora, conforme lo previsto por el Artículo 5º de la Ley Nº 9.715, comprenderá exclusivamente la asignación básica, sin derecho a percibir remuneración adicional por antigüedad ni de otro tipo”. Así las cosas, Rizzo entendió que ese decreto contradijo aquella ley, y por eso se sintió “agraviado”, y recurrió al Poder Ejecutivo para su revisión. Pero en el Gobierno dijeron que si así hubiese sido, el reclamo debió haber sido hecho en tiempo, “lo cual no ocurrió”, según el texto del decreto que ahora se publica. En vez de eso, cuestionó una norma de 2006 recién en agosto de 2009, “solicitando un reajuste expresando disconformidad contra la norma mencionada, cuando, claro está, que ha quedado firme y consentida”. Montos El Ejecutivo entendió que Rizzo no planteó las observaciones en su debido momento, por lo cual el texto del decreto que estableció la forma en que se le remuneraría su función de fiscalizador del Iosper “se encuentra firme, fue consentida; así como también la posterior liquidación del haber del mismo, por lo que corresponde desestimar la pretensión del recurrente atento a su extemporaneidad”. La postura del Estado frente al reclamo del integrante de la comisión fiscalizadora del Iosper se apoya en un informe producido por la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones de la Secretaría de Hacienda, que sostiene que las liquidaciones de salarios de todos los integrantes de ese organismo “se han realizado ajustadas” a las normas vigentes. Y un segundo dictamen abunda en “el proceder legítimo e incuestionable del Estado Provincial”. Al respecto, plantea: “El sueldo básico de un fiscal de cuentas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, es el mismo que percibe el reclamante, esto es al mes de mayo de 2009 de $ 12.312,45”. Y la Fiscalía de Estado concluye que “los haberes del señor Rizzo se encuentran correctamente liquidados”. Rozado por una causa judicial Ricardo Rizzo, esposo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), está salpicado por una causa judicial que investiga el robo de bebés durante la última dictadura militar, expediente que maneja el juez federal de Paraná, Gustavo Zonis. Según publicó el semanario Análisis, un testigo de identidad reservada que declaró en septiembre último mencionó el nombre de Rizzo en la Justicia. Según la edición de esta semana de la revista, varios de los médicos civiles que declararon en la causa Hospital Militar de Paraná –donde se investiga la sustracción de menores y sustitución de identidad en los casos de al menos cuatro bebés–, mencionaron a Ricardo Rizzo como uno de los profesionales que cumplía funciones en ese lugar en tiempos de la última dictadura. De acuerdo con Análisis, su nombre fue mencionado por Juan Antonio Zaccaría –que era jefe de terapia intensiva y se encuentra detenido desde 2008– y por otros profesionales, como Juan Alberto Berduc, Sergio Prudkin y Jorge Mario Cantaberta. Pero uno de los testimonios más comprometedores es el de un ex soldado de la Segunda Brigada de Caballería de Paraná, que prestaba funciones en el Hospital Militar, y que lo citó a Rizzo como “uno de los cuatro médicos con rango militar que manejaban la guardia” en el período en el que se investiga la sustracción de bebés de detenidos desaparecidos. (El Diario).-