Domingo 16 de mayo de 2010
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Política
Busti va a la Justicia contra el Ejecutivo por la Ley de Pooles
La Provincia define cómo instrumentar la ley de pool de siembra. El presidente de la Cámara de Diputados se presentará en la justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad por omisión, debido a que aún no se reglamentó.
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El presidente de la Cámara de Diputados cuestiona la demaora en la reglamentación de la Ley.

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casi tres años de promulgada la ley de pool de siembra, por el que se pretendía que a unos 68 grupos se les retenga el equivalente al 3 % del Impuesto Inmobiliario Rural, todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. La demora se debe, según se indicó desde el recientemente creado Ministerio de la Producción, a que se está evaluando hacer algunas modificaciones que permitirán “un mayor control sobre la llegada de los pooles de siembra y una adecuada preservación de los suelos”, explicó el coordinador de Gestión de ese Ministerio, Leandro Rodríguez. La iniciativa del Gobierno, que está “analizando con el sector”, es desarrollar “una cadena agrícola”, en base a lo que se incorporó en la reformada Constitución provincial. También se indicó que “tras un análisis riguroso que se hizo de la ley, surge que existen ciertas dificultades para su aplicación operativa”. Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, la tardanza en la reglamentación de esta legislación constituye una grave omisión del Poder Ejecutivo, por lo que esta semana –según anunció– interpondrá un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Recurso Como autor de la legislación que no fue aún reglamentada, Busti anticipó que presentará un recurso de inconstitucionalidad por omisión para que se reglamente la ley de pooles de siembra sancionada en 2007, poco antes del recambio gubernamental. “Se están perdiendo 40 millones de pesos de gente que viene, arrienda campos, se lleva toda la riqueza y no paga absolutamente un tributo”, dijo, por lo que señaló que en los próximos días acudirá a Tribunales para hacer el planteo. Más allá del hecho político, que podría generar la presentación judicial de Busti, desde el Ministerio de la Producción se indicó “que se comparte el espíritu de la ley aprobada por la Legislatura”, pero es “necesario modificarla, teniendo en cuenta la nueva Carta Magna entrerriana”. “Creemos que es necesario hacer una pequeña modificación a un artículo, para darle una herramienta que va a tener que ver con un desarrollo de la cadena agrícola. Nosotros creemos que, a raíz de la nueva Constitución, tenemos elementos para incluir en la ley, que permitan un desarrollo de la cadena agrícola, que es el sector que más moviliza la producción y el excedente comercial de Entre Ríos”, explicó Rodríguez. El planteo de Producción es que se elabore un nuevo proyecto de ley que “favorezca la producción, el transporte y la comercialización interna. Queremos darle prioridad a las empresas radicadas en la provincia, las que producen, comercializan granos y las que los transportan”, acotó el funcionario. “Reitero, el gobierno comparte el espíritu de la ley, pero queremos hacer modificaciones para que se preserven los suelos y haya un mayor control sobre los grandes pooles de siembra”, subrayó. La actual La ley en cuestión, sancionada y publicada en el Boletín Oficial en 2007 y que lleva el número 9.816, establece un “derecho de uso de tierras cultivables” del 3 % del valor total de los granos por transportar. De acuerdo con los registros, al momento de promulgar la legislación, se estimaba que unos 68 grupos (pooles) debían pagar esa retención y quedaban exentas de esa retención todas aquellas firmas con domicilio legal en Entre Ríos. Aunque sin reglamentación, esa norma también dispone el cobro de una multa, del 100 %, a aquellas empresas que omitan pagar en tiempo el “derecho de uso de tierras cultivables”. También, la ley 9.816, dispone crear “un Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre Ríos (Ruppaer), por el cual se deben inscribir las personas físicas y jurídicas que sean titulares regístrales de tierras cultivables. Esa ley se aprobó poco días antes del recambio institucional de 2007. Por aquellos años, no había distanciamientos políticos entre Busti y Sergio Urribarri. Es más, a los dos días de haber asumido la Gobernación, Urribarri –así consta en los archivos– firmó junto al ministro de Gobierno, Adán Balh, su promulgación, que lleva como número de registro 9.816. (Fuente: El Diario)
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