E

l ministro de la Producción, Roberto Schunk, atribuyó a dificultades prácticas y políticas que impidieron al Poder Ejecutivo reglamentar la ley de conservación de suelos -conocida como “ley de pooles” y anunció modificaciones a la norma aprovechando las posibilidades que abrió la Constitución reformada. El funcionario invitó al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti “a debatir e intercambiar ideas” al respecto. “Desde el primer momento, el gobernador Sergio Urribarri tuvo la firme intención de reglamentar esta ley, sancionada a fines de 2007, y para ello me instruyó particularmente. Pero luego de un análisis riguroso de la norma, encontramos dificultades de orden práctico. Además, la reforma de la Constitución nos brindó herramientas explícitas que se pueden aprovechar para una mejora concreta y novedosa”, explicó Schunk. “Tampoco podemos olvidarnos de que a poco de aprobada esta ley se suscitó un grave conflicto con parte del sector agropecuario, que luego afrontamos los problemas de la histórica sequía y las inundaciones y que transitamos por una campaña electoral, todo lo cual dificultó la posibilidad de encontrar un clima político apropiado para trabajar en un proyecto de reglamento consensuado con los sectores agropecuarios, que es nuestra aspiración”, detalló el funcionario. Schunk aseguró que el gobierno “comparte plenamente el espíritu de la ley”, pero sostuvo que cree conveniente efectuar una serie de modificaciones al texto actual. “Hay cambios que no podemos hacer por decreto”, aseveró el ministro, quien luego especificó: “La redacción actual de la ley no prevé un régimen de promoción de la cadena agrícola local. Nosotros planteamos incorporar un régimen de promoción en virtud del cual los grandes productores deberán cumplir con requisitos de compre local y uso de la capacidad instalada entrerriana para acceder a la exención del tributo”. “Además, tenemos que darle mayor precisión al hecho imponible y debemos introducir cambios que eviten mecanismos de elusión que hoy permite la ley -continuó-. Entre estos cambios, proponemos que el registro de productores sea obligatorio para todos y que se defina expresamente a la Dirección General de Rentas (DGR) como encargada de la recaudación del tributo, en tanto el Ministerio de la Producción sea el encargado de llevar los registros de productores y establecer las prácticas conservacionistas”, sostuvo. “En la redacción actual el registro es voluntario y permite inscribirse sólo a productores con domicilio en Entre Ríos, rondando también la inconstitucionalidad. Además, se fija como autoridad de aplicación para el tributo la establecida por la ley 8.318, que hoy día es la actual Dirección General de Recursos Naturales, y se establece una alícuota única y fija para todos los cultivos”, puntualizó Schunk. “En verdad, creo sinceramente que se puede mejorar la redacción actual aprovechando las nuevas pautas constitucionales. La ley actual no permite cumplir con el objetivo conservacionista ni tampoco recaudar fondos”, sentenció el funcionario. Y ejemplificó: “Cualquier pool de siembra financiero o gran productor puede venir a la provincia a hacer soja sobre soja y depredar los suelos, siempre que pague el 3 por ciento del valor de la producción. Pero además, ese pool puede eludir fácilmente el pago del tributo cambiando la modalidad de constitución del pool, por ejemplo, mediante un contrato de mutuo con un contratista local o vendiendo la producción a un agente interno, todo lo cual le evita el pago. Depredan los suelos y no pagan nada”, sintetizó. El funcionario expuso también que “pequeños productores locales que pueden lograr un financiamiento líquido para hacer trigo mediante la constitución de un fideicomiso con inversores extraprovinciales podrían estar gravados bajo esta ley, siendo que es muy difícil obtener financiamiento bancario actualmente”. Y advirtió: “No hay que olvidarse que los grandes productores tienen los mejores abogados y contadores para su defensa, no así el chico”. “Nuestra propuesta básica fue presentada a diversas instituciones y se elevará a consideración del gobernador esta semana”, anticipó el funcionario. Respecto a la postura de Busti, señaló: “Tiene todo el derecho a presentarse ante la Justicia, pero también nosotros tenemos nuestros argumentos y creemos que, como autoridad de aplicación, merecemos ser escuchados. Con todo gusto nos ofrecemos para debatir e intercambiar ideas con el doctor Busti y sus asesores cuando sea necesario”, concluyó Schunk.