Lunes 24 de mayo de 2010
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Interés general
El 55% de los sumarios en el Estado es por inasistencias
Los datos de 2010 registran que no ir a trabajar sigue siendo la principal falta de los empleados públicos provinciales. Las estadísticas oficiales muestran un crecimiento, ya que en 2009 sólo representaban el 38 % sobre el total.
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En el CGE se encuentra la mayor cantidad de sumariados.

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altar al trabajo parece ser la mayor distracción entre los empleados del Estado provincial, lejos de irregularidades más escabrosas, o los conflictos con los superiores. Durante 2009, se realizaron 69 sumarios administrativos en el Estado provincial por irregularidades de empleados públicos, aunque la mayoría, casi el 60% de los hechos se concentró en dos áreas: el Ministerio de Salud y Acción Social y el Consejo General de Educación. Antes del desdoblamiento que produjo la nueva Ley de Ministerios, y durante todo 2009 Salud y Acción Social concentró el 39 % de los sumarios, seguido por Educación, con el 20 %. Luego, se ubicaron, en orden de importancia, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con el 11,6 %, y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), donde se registró otro 8,7 % de las causas investigadas. Al tope de las causales de apertura de un sumario administrativo se ubicaron las inasistencias de los empleados públicos, con el 38 %. Luego, muy atrás, se ubicaron la “negligencia manifiesta y faltas graves”; el “perjuicio material a la Administración”; las “incompatibilidades”; el “uso indebido del patrimonio estatal”; la “coacción ideológica”; el “abuso sexual”; el “abandono de servicio”, el “incumplimiento de deberes”; y finalmente, la “falta de respeto a superiores”. Quién sanciona Si la cuenta se invierte, y se desmenuzan aquellos 69 sumarios iniciados a lo largo de 2009, se cae en la cuenta de que el número de agentes del Estado involucrados en esos hechos es mayor: 91, o sea 1,3 empleados por cada sumario. Y también se invierte el ranking: el mayor número de trabajadores sumariados corresponde al CGE, con un total de 41 (representan el 45 %), seguidos por los dependientes del Ministerio de Salud y Acción Social, que son 24 (el 26,3 %). Un informe producido por la Dirección de Sumarios de la Provincia da cuenta que la mayor parte de esos sumarios, el 55 %, está todavía “en trámite”, en tanto que otro 43 % ha sido pasado a Fiscalía de Estado, área de la cual Sumarios tiene dependencia directa. Mercedes Daneri, titular de Sumarios, dice que la política en este momento es no iniciar “sumarios múltiples” (muchos agentes involucrados en un solo hecho que deriven en la formación de un único expediente), pero a veces esa directiva no es acatada por todas las áreas de la Administración Pública, y esa situación suele derivar en atascamiento en la investigación. Claro que una vez concluido el sumario, viene otro paso, que demora un poco más el trámite. La aplicación de una sanción, si cabe, es facultad de la comisión asesora de disciplina, que conforman el fiscal de Estado, el subsecretario de Justicia y el Tesorero General de la Provincia. Aunque el dictamen de esa comisión no es vinculante: sólo aconseja la aplicación de sanción o no, o declara la causa prescripta u ordena su anulación ante la existencia de vicios. Nada más. Hacia arriba Los datos correspondientes a 2010 muestran que no ir a trabajar continúa siendo la principal falta disciplinaria entre los empleados del Estado provincial, pero más acentuada todavía. Si en 2009 esa causa originaba el 38% de los sumarios, en los primeros cinco meses de este año representan el 55%. Le siguen, en orden de importancia, el “incumplimiento de los deberes”, que representan el 25 %; y la “negligencia manifiesta y faltas graves”, con el 20 %. Y otra vez, la mayor cantidad de sumarios se originó en el Ministerio de Salud y Acción Social (un abrumador 70 %), seguido, de lejos, por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con un 15 %, y más atrás todavía, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el Consejo de Educación y el Instituto de Discapacidad. El ordenamiento de la maraña en que a veces se convierte el Estado –donde hay, declarados, unos 71 mil agentes, entre planta permanente y temporarios, que se llevan un gasto anual en salarios de 3.376 millones de pesos– es una tarea que tiene en sus manos muy poca gente. Para investigar las irregularidades que se producen en las distintas áreas, y que involucran a los empleados, la Dirección de Sumarios dispone de una dotación escasa: nada más que seis abogados; el resto de personal son instructores legos y administrativos, una contratada, dos pasantes, y algunos administrativos y personal de maestranzas. Veinte personas en total. (Ricardo Leguizamón, El Diario).-
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