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l Poder Ejecutivo provincial remitirá en pocos días a la Legislatura entrerriana un proyecto de ley de Prevención, Asistencia y Protección a la Trata de Personas que tiene por objetivo actualizar la legislación existente frente a uno de los delitos de mayor crecimiento de los últimos años, que es considerado el segundo más rentable en todo el mundo, detrás del tráfico de drogas. Diferentes organizaciones no gubernamentales han coincidido en los últimos años -y especialmente después del secuestro y desaparición de la adolescente sanbenitense Fernanda Aguirre- en que Entre Ríos es una de las provincias del país donde este delito registra mayor actividad. El proyecto, que fue analizado en el Ministerio de Gobierno, reconoce la autoría del diputado Jorge Kerz (Peronismo Federal) y el aporte inicial de la Red Alerta de Entre Ríos, pionera en la concientización de la necesidad de luchar contra el tráfico, la trata de personas y la explotación sexual, especialmente de menores. El proyecto plantea la adhesión a la Ley nacional Nº 25.632 al Protocolo de Palermo y a la Ley nacional Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Igualmente propone crear en el ámbito de la provincia el Programa de Prevención, Asistencia y Protección de las víctimas de la trata de personas. Se intenta de esta forma “propender a la acción conjunta de los poderes del Estado provincial, obligándose a actuar con la diligencia debida en tiempo y forma”, de manera que la acción estatal se dirija a “impedir la vulneración de los derechos humanos” por razón de la trata de personas. La acción estatal contra la trata deberá propender al trabajo “conjunto y armónico con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general”. Se propone crear el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las víctimas y testigos de la trata y tráfico de personas, que integrarán, además de 10 representantes de entidades oficiales (del Ejecutivo y del Judicial), dos representantes de organizaciones no gubernamentales y erá presidido por el Ministerio de Gobierno. Ese consejo estará facultado, entre otras cosas, para proponer al Poder Ejecutivo convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales; presentar propuestas de ley o de modificación de la presente; y tomar conocimiento del registro provincial y nacional de personas extraviadas. Asimismo podrá promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y sus familias; desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la mayor profesionalización de funcionarios públicos, que en razón del ejercicio de su cargo tuvieren contacto con víctimas de trata de personas; promover actividades de estudios, investigación y divulgación vinculadas a la protección de las potenciales víctimas. También elaborar campañas públicas de concientización sobre el tema; promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades policiales de otras provincias ( especialmente las que sean una fuente importante de víctimas, provincias de tránsito o de destino de las víctimas); coordinar y articular sus acciones con la Justicia y los Ministerios Públicos para acortar los tiempos de circulación de la información y facilitar así la tarea. (Fuente: Diario Uno)