Sábado 25 de septiembre de 2010
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Interés general
Insisten con las fotomultas para Entre Ríos
Las foto-multas continúan generando polémica y malestar entre los automovilistas que transitan por las rutas entrerrianas. Analizan cómo implementar el foto-radar en la provincia.
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C

iudadanos de distintos puntos del país han explicitado sus quejas ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito supuestamente detectadas mediante una foto de radar. “Desde hace unos meses se están recibiendo reclamos de ciudadanos de distintos puntos del país por las multas fotográficas. Ante ello se inició un contacto con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos para transmitir las inquietudes y coordinar acciones tendientes a avanzar en el cumplimiento de la normativa que determina cuáles son los procedimientos que se deben cumplimentar para la aplicación de la foto-multa”, explicó a El Diario la delegada de la Defensoría del Pueblo en Entre Ríos, María Nazarena Rau. La utilización de un registro automático fotográfico de ocurrencia de infracciones está contemplada en el artículo 21 de la reglamentación general de la ley, aunque se debe garantizar la identificación del vehículo; la infracción cometida; el lugar, día y hora en que se produjo la misma; y se establece que los equipos y sistemas que se utilicen con la finalidad señalada deberán contar con aprobación prevista en la misma norma. El uso de foto-multas ha sido cuestionado judicialmente y, según referenció Rau, “existe jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que da cuenta de la inconstitucionalidad del sistema, aunque sólo en aquellos casos en los que no se cumple con la normativa”. Lo cierto es que el uso del sistema de foto-radar en la provincia de Entre Ríos sigue generando polémica y por eso es que se ha instaurado un ámbito de discusión, tendiente a evitar el abuso e instruir a la Policía sobre la aplicación de lo establecido en la ley nacional de tránsito. “Hay varias denuncias de personas que piden orientación por el tema de multas y se ha determinado que en época de vacaciones o fines de semana largo aumenta la cantidad de multas labradas en las rutas entrerrianas”, acotó Rau. NORMATIVA. La Policía de Entre Ríos tiene actualmente cuatro equipos móviles con radares que se ubican en las rutas entrerrianas. La norma prevé que deben instalarse a un metro de la banquina y los parámetros de velocidad para autos y camionetas son de 110 kilómetros por hora, con más un 5 % de tolerancia. Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación transmitieron la inquietud de ciudadanos que dicen haberse encontrado con cartelería que ordenan repentinamente disminuir la velocidad máxima a 80, 60 ó 40 kilómetros por hora, quedando al borde de la infracción, por lo que se acordó una tolerancia de hasta 90 kilómetros por hora, principalmente en cruces peligrosos. Asimismo, y a raíz de los numerosos reclamos por parte de la ciudadanía, la Policía fijó como procedimiento la notificación de la infracción en el puesto de la Policía que se encuentre inmediatamente después del lugar donde fue tomada la foto por el radar. Inclusive, efectivos policiales están habilitados, por Decreto Número 1.962 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a recibir los pagos voluntarios en los puestos de control. Ese mecanismo de pago voluntario implica un reconocimiento de la infracción y se prevé una reducción en el monto de la multa de hasta un 25 %. En ese caso, se debe extender un recibo numerado donde quedará consignada la totalidad de los datos que identifiquen al infractor, al vehículo, a la autoridad de aplicación, lugar y fecha, numero de acta de comprobación, el tipo y descripción de la infracción cometida y el funcionario que la constató. Sin embargo, los ciudadanos que sean sancionados con multas por infracciones a la ley de tránsito también pueden ejercer su derecho de defensa cursando el correspondiente descargo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la misma. En ese caso, la norma prevé que se puede solicitar que las actuaciones se envíen a los tribunales de la jurisdicción donde está domiciliado el infractor, cuando la falta ocurra a más de 60 kilómetros.
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