E

n una jornada que concentró a jueces y autoridades de las provincias que componen la Región Centro como también de Mendoza, San Juan, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial entrerriano reclamó un mayor presupuesto. La presidenta del STJ dijo que los refuerzos de partidas, “atentan contra la independencia judicial”. Como respuesta, el vicegobernador pidió que se haga una mejor lectura del proyecto. Con cuestionamientos y críticas por el porcentaje que se le asignó al Poder Judicial en el proyecto de ley de Presupuesto 2011 en la provincia de Entre Ríos, se inició ayer en Paraná la Tercera Jornada de la Región Centro, que convocó a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue una jornada de capacitación en Derecho Penal y Civil, pero también de reflexión –según se remarcó–, sobre las problemáticas en común que tienen los poderes judiciales de las provincias participantes, entre ellos: autarquía, presupuesto, equiparación salarial, independencia y Consejo de la Magistratura. Sobre estos últimos puntos, tanto el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Alberto Seró, como entidad anfitriona, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Leonor Pañeda, no obviaron mencionar y hasta cuestionaron el porcentaje que se le asignó al Poder Judicial entrerriano en el proyecto de ley de Presupuesto 2011, que se encuentra en debate en la Cámara de Senadores. Con la presencia del vicegobernador de la provincia y ex juez Federal de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, y del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, las palabras de apertura del encuentro estuvieron centradas en el “escaso presupuesto del Poder Judicial”. A decir de los oradores, el Poder Judicial debe elaborar su propio presupuesto para tener una mayor autarquía e independencia. En ese sentido Pañeda dijo que al no contar con un presupuesto acorde con las necesidades del servicio de justicia, se debe recurrir a los “refuerzos presupuestarios”, los que “atentan contra la independencia del Poder Judicial”. En su discurso, la presidenta del STJ remarcó que así como el Poder Ejecutivo para poder aplicar sus políticas de Estado, como planes sociales o determinadas medidas, “necesaria e indispensablemente debe contar con un presupuesto que lo acompañe y le permita prever la instrumentación de esas políticas en el corto, mediano y largo plazo”, lo mismo “sucede en el Poder Judicial” y confesó que “esto, en los últimos años, no ha sido posible”. Sobre este punto, Pañeda criticó el bajo porcentaje que representa el presupuesto del Poder Judicial, en el presupuesto global de la provincia y aseguró que “no está acorde con las necesidades básicas del Poder Judicial”. Ante esta situación y teniendo en cuenta que el proyecto de la ley de leyes se está analizando en la Cámara de Senadores, Pañeda indicó que el tema fue planteado al gobernador Sergio Urribarri, quien manifestó “su voluntad política de transitar hacia la autarquía judicial”, dijo. Asimismo, la magistrada aseguró que “como no contamos con la posibilidad de reclamar los recursos, que por ley nos fueron otorgados, tenemos que depender de la buena voluntad del poder político”. Y agregó: “Es necesario que nos permitan elaborar nuestro presupuesto, acordarlo de antemano, para permitir ejecutar nuestros planes a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó Pañeda. Como anticipo al planteo que se le hará al Poder Ejecutivo, la presidenta del Alto Cuerpo dijo que se le pedirá al Gobierno que “necesariamente se asegure un piso que nos garantice la prestación del servicio de justicia y el funcionamiento del Poder Judicial, tal como está establecido en la Carta Magna, y que el Poder Ejecutivo debe brindarlo, so riesgo de una intervención federal”. En cuanto al tema salarial, el reclamo lo hizo el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Alberto Seró, quien aseguró que existen “asimetrías” y recitó el precepto constitucional de “igual remuneración por igual trabajo”, en referencia a las diferencias salariales que existen entre los magistrados del fuero nacional con el de la provincia. A su turno y en representación del Gobernador, el vicegobernador Lauritto repasó en su alocución la reforma de la Constitución provincial y la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, y aseguró “que la voluntad del Gobierno entrerriano es comenzar a hablar de la autarquía judicial”. (El Diario)