E

s que, en cuestión de poco tiempo y en circunstancias extrañísimas, se encontraron con que el amplio inmueble ubicado en calle Belgrano 454, perteneciente al Sindicato de Canillitas de Paraná desde hacía al menos cuatro décadas, había sido vendido. La casa tenía 750 metros cubiertos y distintas dependencias, hasta un salón para albergar hasta 250 personas, y estuvo en pie hasta hace poco cuando los nuevos dueños comenzaron a demolerla. “Ahora no hay nada”, se lamentó José Luis Domínguez, uno de los vendedores de diarios que participó del encuentro realizado en la sede del Sindicato de Empleados de Obras Sanitarias. Cómo fue Domínguez situó el desenlace de la historia en julio pasado, cuando fue desalojada la persona que cuidaba la casa y fueron cambiados los candados de las puertas. La modificación de las cerraduras no alarmó demasiado, explicó Domínguez, debido a que “dos por tres” sucedían hechos similares por pujas internas y debido a que la conducción del gremio estaba acéfala desde 2000. Pero enseguida empezaron las sorpresas. “Recibí unos papeles en los que se informaba que había nuevo delegado del sindicato, elegido por una asamblea. Leo el papel y me encuentro con que ese señor no era canillita, no lo conocíamos”, relató Domínguez. A partir de ahí, un grupo de canillitas comenzó a rastrear datos: se enteraron que había una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que figuraban una serie de asambleas realizadas. La primera, el 16 de octubre de 2009 y otra el 9 de noviembre para definir las autoridades, pero “en los hechos, nunca se hicieron”. Luego, hallaron que la nómina encabezada por el nuevo delegado estaba compuesta por otras cuatro personas -con funciones de tesorero, vocal, secretario- de las cuales sólo dos eran canillitas. Con el dato, el grupo se comunicó con uno de los vendedores, quien aseguró que desconocía la lista y que nunca había firmado nada. Ante eso, resolvieron realizar una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El trámite se concretó el 27 de noviembre y consistió en un pedido de intervención del área, debido a que “personas ajenas al gremio y al sector se han autoproclamado delegados del sindicato”. Con ese paso, “pensamos que ya estaba y nos quedamos a la espera. Pero nunca sucedió nada” en el Ministerio, acotó Domínguez. Venta Según se informó, sólo dos de las cinco personas que aparecían conformando la conducción participaron de la venta del inmueble. La operación aparece aprobada en una tercera asamblea, donde figuran 15 participantes. Lo llamativo –remarcó Domínguez- es que las actas de las tres asambleas habrían sido escritas con el mismo color y tono de tinta. Lo cierto es que el inmueble se vendió en julio pasado y se escrituró en agosto, el comprador es un círculo de profesionales de la salud local y el precio es considerado “irrisorio” por los antiguos dueños. El monto de la operación ascendió a unos 250 mil dólares, mientras que la cotización en el mercado ronda los 750 mil dólares, se expresó en la reunión. A la justicia Guillermo Mulet, abogado que representa a los canillitas, afirmó que hay dos imputados en el marco de la denuncia penal que se sustancia en el Juzgado de Instrucción Nº2. Se trata del presidente y el secretario de la “seudo comisión”, y el principal sospechoso es una policía en actividad. El uniformado tiene otra causa por usurpación de título y honores, pues habría falsificado “un título como nutricionista”, dijo el abogado, quien detalló que las pericias caligráficas “determinaron que las actas (de las asambleas) fueron falsificadas en varias firmas”. Informó que se allanó la vivienda de los imputados, no se encontró dinero, pero se secuestraron dos vehículos adquiridos recientemente a nombre de familiares de los sospechosos. Para Mulet, “lo extraño es cómo se armó la defraudación, con la rapidez con que el Ministerio de Trabajo de la Nación otorgó la calidad de Comisión Regularizadora y cómo se aprobaron las asambleas extraordinarias”. Ante esa situación, estimó que se interpondrá una demanda contra ese organismo nacional por “la responsabilidad que les cabe” en los hechos. (El Diario)