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ras un año de proceso judicial farragoso, lento y rebosante de chicanas, siete hombres, a quienes se considera autores de asesinatos de militantes y simpatizantes montoneros en Mar del Plata hace 35 años, están prófugos desde el pasado martes, y el viernes se libró contra ellos orden de captura en la Argentina y el exterior. Entre ellos, el más importante parece ser el abogado, ex fiscal federal, ex conjuez y ex candidato a intendente Gustavo Modesto Demarchi. Aunque aún no está mencionado en la causa que instruye el juez federal Rodolfo Pradas, es altamente probable que sea llamado a declarar en los próximos meses el líder de la CGT y presidente en ejercicio del Partido Justicialista bonaerense, Hugo Moyano, quien integraba la seccional marplatense de la central obrera y lideraba la Juventud Sindical Peronista –que fundó en 1972 y acompañaba en solicitadas a las más conocidas organizaciones de la ultraderecha– cuando ocurrieron los crímenes. Demarchi era entonces el asesor legal de la CGT local. La JSP aportaba músculo a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Triple A. Tristes historias. Los delitos que se les atribuyen a Demarchi y sus adláteres fueron declarados de lesa humanidad, por haber contado con apoyo directo y encubrimiento del Estado: la Universidad, que era conducida con mano de hierro por miembros de la CNU, la fiscalía federal, a cargo de Demarchi, Policía y Fuerzas Armadas. Como al abogado, se busca a Piero Asaro, dueño de la librería-café Alejandría, en pleno centro de la ciudad, a Fernando Otero, Patricio Fernández Rivero (quien lideró la CNU en los 70), Mario Durquet (buscado infructuosamente en La Plata), Fernando Delgado, Eduardo Salvador Ullúa (ambos prófugos desde 2008, buscados también por su actuación en el campo La Cueva, que funcionaba en la Base Aérea Militar marplatense). Ullúa estuvo también involucrado en el asesinato de la estudiante de arquitectura Silvia Filler, en 1971, y Durquet se ufanaba, según testigos, de haber sido el principal autor de la muerte de María del Carmen “Coca” Maggi, secretaria académica de la facultad de Humanidades de la Universidad Católica y muy cercana al entonces obispo Eduardo Pironio. Hasta veinte nombres suenan para ser sumados a los prófugos. Entre mañana y el miércoles habrá una decena de indagatorias. Disparos a discreción. Los hechos que dieron origen a la causa –en torno a la cual se ha abierto una fuerte polémica que envuelve al juzgado federal de Pradas y al ministerio público, que le critica morosidad en la toma de decisiones y atribuye a ésta que los acusados estén prófugos– ocurrieron tras el asesinato, el 20 de marzo de 1975, de Ernesto Piantoni, líder de la CNU marplatense. En la madrugada del 21, una patota que salió del velatorio de Piantoni entró a sangre y fuego en una casa del barrio La Perla en la que mataron de 23 balazos a Carlos “Pacho” Elizagaray, hijo de un senador, y de la que se llevaron, para acribillarlos en un un descampado cercano al aeropuerto, a su tío Jorge Enrique Videla (33 balazos), y sus primos Jorge (22 años, 57 disparos) y Guillermo (16, 27 tiros). Esa misma madrugada fue asesinado con 42 disparos el cirujano Bernardo Goldenberg. Con él, se completaba el “5 por 1” anunciado en el velorio. No terminó allí: en mayo, la patota secuestró a María del Carmen Maggi, una desaparecida antes de la dictadura. Su cuerpo recién fue hallado por casualidad en Mar Chiquita diez meses después, un día antes del golpe. “Los perdono, no saben lo que hacen”, dicen que les dijo a Durquet y acompañantes. Entre el 25 de abril de 1975 y el 15 de marzo de 1976 hubo otros ocho asesinatos de características similares. Demarchi, fiscal federal, pidió enviar al archivo las actuaciones unos días después. No llamó a declarar a nadie. Y el juez de entonces le hizo lugar.