E

l artículo 17º de la Constitu-ción Provincial consagra la equidad de género para la distribución de cargos en todos los organismos y poderes del Estado. La cláusula no ha sido reglamentada hasta el momento pese a que han pasado dos años de la entrada en vigencia de la Carta Magna reformada. Esta situación abre dudas respecto a la posibilidad que pueda ser de aplicación en el próximo cronograma electoral de 2011. De no haber ley, serían los tribunales, y solo ante una presentación judicial, los que determinen qué quiere decir equidad, qué porcentaje de cargos corresponderán a cada género en las nóminas presentadas para los comicios. Avance parcial Hay un proyecto de ley, con media sanción, que fue mezquino al interpretar ese concepto de “equidad”. Dispuso un piso de apenas un 25 % para las mujeres en las listas de diputados provinciales. Pero además no avanzó ni en las postulaciones para el Senado de la Provincia ni hacia los espacios de poder en otros estamentos del Estado entrerriano como el Ejecutivo, la Justicia, los organismos descentralizados. Ese texto, el único avance que hubo hasta el momento, quedó estancado. No ha tenido ningún tipo de debate de la Cámara de Senadores, cuerpo en el que, viene a cuento, no hay una sola mujer que lo pueda motorizar. Así las cosas, y a juzgar por la escasa vocación política de avanzar en el tema, visible en la consulta de integrantes de las distintas bancadas, se presume que se llegará al contexto electoral de 2011 sin ley que reglamente la equidad de género. No sólo no avanzó la Legislatura sino que tampoco los partidos políticos adaptaron sus cartas orgánicas a lo que prescribe la Constitución. Sería una salida para destrabar el asunto en función de que la jurisprudencia en Entre Ríos les da preeminencia a las disposiciones partidarias cuando sus normas no coinciden con lo que prescribe la ley provincial. Hasta el momento, las fuerzas sólo se han limitado a esperar que una ley que no existe los obligue. El intento lo hizo un par de mujeres en el último congreso provincial del radicalismo al exponer la necesidad de que el partido centenario disponga en su estatuto una distribución de cargos en 50 y 50 por ciento en el caso de las listas de candidatos a diputados provinciales. Pero no se escuchó el planteo y los congresales optaron rápidamente por pasar a otro tema. Desesperanza Los ex convencionales y una diputada provincial coinciden en pronosticar que cuando se empiece a pisar el cronograma electoral de 2011 no habrá ley reglamentaria del artículo 17 de la Carta Magna. Zulema Schoenfeld, dirigente justicialista y vocera en el recinto de la Convención Constituyente en defensa de la inclusión de la cláusula, fue crítica de la pobre versión que sacó la Cámara de Diputados pero lamentó más aún que “hace varios meses que el asunto no se trata en Senadores”. Al respecto, advirtió: “Sería una gran irresponsabilidad no sacar la ley reglamentaria que, de todos modos, yo entiendo que no hace falta porque la Constitución es clara al hablar de equidad que no es otra cosa que 50 y 50”. “Para mí el artículo 17 ya es operativo –dejó planteado como argumento- pero si van a sacar una ley la tendrán que sacar lo más urgente posible”, reclamó la mujer que señaló que de otro modo “en febrero pondremos manos a la obra para empezar una campaña intensiva, batallando para que la equidad se ponga en marcha”. Si antes era relevante el espacio de poder en juego, para 2011 lo será más aun en función de que se amplía la Cámara de Diputados de 28 a 34 cargos, tal como lo dispuso la Carta Magna. Reforma política Por su parte, la diputada del Encuentro Amplio, Ana D’Angelo, intuye que no habrá ley para 2011 y evaluó, entre otros factores, que “es absolutamente mínima la cantidad de leyes que han sido sancionadas y promulgadas que refieren a la reglamentación de la Constitución”. La diputada votó favorablemente el texto con media sanción pese a que sólo contemplaba un piso del 25% para las mujeres. Oportunamente, en el recinto, expuso la necesidad de avanzar al menos con alguna mínima garantía pese a sus objeciones al número que finalmente se impuso entre la mayoría. Consideró que la elusión de la Legislatura se enmarca, además, en “en la negación a tratar cualquier punto que refiera a la reforma política”. “Hay una persistente negación a tener un sistema moderno, transparente, eficaz”, dijo. “Todo se va a resolver en la Justicia”, vaticinó y expuso como caso el de Jujuy –Entre Ríos y Jujuy son las únicas provincias sin cláusulas de discriminación positiva- donde por resolución judicial se avanzó en espacios de poder. Otra lucha La ex convencional y ex diputada del radicalismo, Alba Allende de López, remarcó la contradicción de algunos discursos que históricamente se han manifestado a favor del “cupo” o la “equidad” pero al momento de dictar normas y votar se expresaron de otro modo. Así fue en la Convención Constituyente y también ha sucedido en la Legislatura. La referente del radicalismo de Feliciano le recriminó a Jorge Busti su postura, por caso: “Siendo Busti gobernador y yo legisladora, él defendía la equidad de género y presentó proyectos de ley disponiendo el 50 y 50%”, recordó. “No hay interés ni de esta Legislatura ni de éste gobierno de avanzar con la equidad a la que obliga la Constitución”, cuestionó López que tampoco tuvo suerte en su partido. Fue ella una de las voceras de modificar la carta orgánica de la UCR para incluir la equidad. Su propuesta quedó plasmada, simplemente, en una redacción que prevé que el partido se adaptará finalmente a lo que una ley disponga respecto de la inclusión de la mujer en las nóminas de candidatos. Aseguró que “el espíritu de la Convención no fue otro que el de consagrar el 50 y 50 –dijo para descartar otras proporciones-. Pero hemos sido engañadas”. “No vamos a bajar los brazos. A las mujeres nos costó conseguir el voto, conseguir el 30 por ciento en la legislación nacional, nos costó conseguir todos los derechos. Y seguiremos luchando”, advirtió. Traducción en números Un conocedor de las reglas de juego electoral vaticinó que la Justicia será la que finalmente disponga cómo se cumplirá la equidad de género que consagra el artículo 17 de la Carta Magna. Aclaró que debiera mediar una presentación para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) haga una interpretación de la cláusula constitucional. Hizo notar que los magistrados podrían no leer, como se pretende, una distribución de cargos de 50 y 50, intercalando hombres y mujeres, tal como lo esperan dirigentes políticas de distintos partidos. “Podría aplicarse el criterio que rige en la Ley 3001, Orgánica de Municipios”, expuso en relación al 50 y 50 que rige desde los comicios de 2007 en la conformación de las nóminas de candidatos para los Concejos Deliberantes. “Pero también podrán atenerse a lo que prescribe la ley nacional de cupo femenino”, dijo en alusión a la norma que garantiza el 30 por ciento en las nóminas para la Cámara de Diputados de la Nación. Hay otra variante, que sería la menos esperada por la dirigencia femenina: “Podrá tomarse lo que se previó en el proyecto con media sanción de la Cámara baja”, dijo el consultado con referencia al piso del 25%. 50 Y 50 Lucy Grimalt, ex diputada provincial y miembro del Foro de Mujeres, consideró que la presentación judicial debiera hacerse cuando efectivamente, al momento de iniciarse el cronograma electoral, no haya ley y se consagre la violación a la Constitución. Descartó que pueda darse otra interpretación de la equidad que el 50 y 50 porque “ese fue el espíritu de los convencionales y lo prueban las actas de sesiones y de las reuniones en comisión”. El foro tiene pendiente una audiencia con el vicegobernador José Lauritto que fue solicitada ante el giro al Senado del proyecto con media sanción que contempla el 25%. “No hemos tenido respuestas. Esperamos conocer su opinión porque, además, hay un proyecto del senador José Luis Panozzo que avala la interpretación del 50 y 50”, dijo Grimalt que calificó a otro porcentaje como “una lectura misógina” del texto de la Carta Magna. (Luz Alcain. El Diario).-