L

a nueva Ley de Salud Mental vigente en el país, que el Congreso votó a finales de noviembre y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó a principios de este mes, dejó ciertamente a contramano a Entre Ríos: aquí se había montado una unidad destinada exclusivamente a pacientes psiquiátricos con causas penales que, ahora, con los nuevos paradigmas legales, no tendrá razón de ser. Justamente, la nueva ley plantea lo contrario: la paulatina desmanicomialización, y en su artículo 27º fija taxativamente: “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta sus sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. Por esa razón, la unidad para pacientes psiquiátricos que se acaba de concluir en Federal, al norte de Entre Ríos, no podrá ser utilizada como tal, y deberá tener otro fin. La obra ya fue entregada a la Provincia, pero todavía no tiene fecha precisa de inauguración, aunque ya se sabe qué destino tendrá: será la más estricta cárcel de máxima seguridad que dispondrá el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con capacidad para alojar a 28 internos. Pero serán internos comunes, no pacientes psiquiátricos con causas. Violatorio Esa unidad, que se construyó contigua a la Colonia Psiquiátrica Raúl Camino, en Federal, tiene dispositivos de alta tecnología: alarmas contra incendio, control de internos por sistema de video, y tres cercos perimetrales. Su emplazamiento fue consecuencia de reclamos constantes de empleados de los hospitales psiquiátricos, que pedían una solución para los pacientes considerados peligrosos, con causas en la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se hizo eco del planteo, y en un acuerdo polémico, en 2007, dijo que la resolución de ese punto “no es resorte de solución del Poder Judicial; es el propio Poder Ejecutivo el que debe arbitrar los medios materiales y humanos adecuados para tratar y resolver el problema en discusión”. Y pidió “una urgente solución a los problemas planteados”. La Justicia había observado el artículo 21º de la Ley Nº 8.806, que establece que si el sistema de puertas abiertas no da respuesta a la necesidad de internación de personas con padecimiento mental que sean consideradas de alta peligrosidad individual y social, el Poder Ejecutivo Provincial debe crear un servicio de seguridad psiquiátrico en Paraná. Esa unidad para pacientes “de alta peligrosidad” se comenzó a delinear en la provincia en 2004, y seis años después, se concretó, aunque no en la capital, sino en Federal, 200 kilómetros al norte. Oscar Grilli, director de Salud Mental, dice que se trata de una obra “heredada” de la administración del ex gobernador Jorge Busti, que en 2005 firmó el decreto por el cual se ordenó la creación de un instituto psiquiátrico para varones condenados. “Esto, así, es violatorio de los pactos internacionales. Hay que entender que la salud mental es una estructura más dentro de la salud. En su momento, nos opusimos fuertemente a la creación de esta estructura. Pero cuando llegamos ya estaba construido. Pero ahora logramos convencer a todos los funcionarios de la no conveniencia de contar con esa unidad, porque violamos pactos internacionales y la nueva Ley de Salud Mental”, contó Grilli. Características Ya no centro para alojar pacientes psiquiátricos con causas penales, será entonces la Unidad Penal Nº 8, y dependerá del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Se levanta a un costado de la Colonia Psiquiátrica Raúl Camino, a 5 kilómetros del casco céntrico de Federal. Es una obra monumental: tiene tres cercos perimetrales, celdas individuales, cámaras de seguridad y un patio interno totalmente enrejado y capacidad para alojar a 28 personas. Horacio Pascual, titular del Servicio Penitenciario, confirmó que el destino que tendrá será para “como unidad penal de máxima seguridad para alojar internos que necesitan una contención especial”. De todos modos, aún no ha sido habilitada, aunque ya tiene ocupantes: tres internos “inimputables” que están al cuidado de los penitenciarios por una cuestión “de comodidad” ya que no pueden ser contenidos por el personal del hospital psiquiátrico. –¿No se inauguró todavía? -No, está entregada la obra y nosotros ya nos hicimos cargo. Estamos operando el edificio para ver si todos los sistemas están funcionando, o si hay que hacer unos ajustes. Esta es una unidad de unas características que no contábamos en la provincia: vigilancia por video, sensores de movimientos, sensores de humo, de temperatura y sistemas contra incendios. El dato $ 2,9 MILLONES es el presupuesto original que tuvo la obra de construcción de la unidad penal de Federal. (Ricardo Leguizamón. El Diario).-