Miércoles 02 de febrero de 2011
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Política
La empresa que pide el desalojo en Santa Elena financió al Acuerdo Cívico
Tres Arroyos, que en la última gestión de Jorge Busti compró con facilidades parte de la estancia El Quebracho, en 2009 financió al Acuerdo Cívico y Social. Hoy, junto al gobierno provincial pide el desalojo de los colonos.
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Los candidatos del ACyS con De Angeli. En 2009 tuvieron apoyo económico de Tres Arroyos.

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ranja Tres Arroyos, la firma que compró con facilidades parte de la estancia El Quebracho durante la última gobernación de Jorge Busti, y cuyo reclamo judicial –conjuntamente con el del Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes- ha motivado los recientes intentos de desalojos de colonos, fue una de las empresas que financió la campaña del Acuerdo Cívico y Social en las legislativas de 2009. Tres Arroyos integró el grupo de 21 empresas que aportaron un total de $ 87.300 a la campaña del Acuerdo Cívico y Social, alianza conformada por el radicalismo, la Coalición Cívica y la versión provincial de la mesa de enlace, para competir en las elecciones de renovación del Congreso nacional. A las contribuciones empresarias se sumaron $352.835 desembolsados por personas físicas La entente venció en junio de 2009 al justicialismo y ubicó a tres representantes en la cámara de Diputados: el acopiador de granos y titular de la firma Tierra Greda, Atilio Benedetti; la ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, Hilma Ré y el ex presidente de la Federación de asociación rurales de Entre Ríos (Farer, alineada a nivel nacional con CRA – Confederaciones rurales), Jorge Chemes. Del monto total aportado por empresas al Acuerdo, Tres Arroyos hizo una contribución menor: $ 5.000, según figura en la página 7 del informe final de ingresos y egresos presentado por el Acuerdo a la Justicia Electoral (se puede ver una copia en el archivo adjunto). Granja Tres Arroyos, sociedad anónima, comercial, agropecuaria, financiera e inmobiliaria, adquirió el 6 de abril de 2006 un total de 1.685 hectáreas de El Quebracho (estancia que perteneciera al Frigorífico Santa Elena). En rigor, se trata de la adición de dos terrenos de 1.281 y 404 has. respectivamente. La firma se comprometió a concretar allí un proyecto de cría de cerdos, previo desalojo de los ocupantes. (Ver más detalles en noticia asociada). Tres Arroyos es, además, socia del Consejo Empresario de Entre Ríos, entidad que presidió Atilio Benedetti desde 2008 hasta el momento de lanzar su candidatura a legislador nacional. El juicio de desalojo se abrió en los tribunales de La Paz y, en los últimos días del año pasado, una comisión oficial encabezada por el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, munida de la orden judicial correspondiente, intentó desocupar los predios. Tuvo un relativo éxito: parte pudo ser puesto en poder de la empresa y un sector importante está sujeto a negociaciones con sus ocupantes, que buscan el apoyo estatal para desarrollarse económicamente, inclusive proponiendo al gobierno comprarle las tierras en las mismas condiciones que le vende a Tres Arroyos. A pesar del revuelo que generó la medida judicial, que motivó incluso la llegada al sitio de dirigentes nacionales de las entidades agropecuarias, el radicalismo mantuvo silencio. El presidente del bloque de Diputados, José Artusi, estaba imbuido por aquel momento en cuestionar al Gobierno por la decisión de otorgarle facilidades al Casino Victoria para explotar el paño. Artusi es una de las espadas políticas de Benedetti. El empresario, incluso pagando un alto costo interno en la UCR, lo colocó al frente del Comité provincial. José María Miser, también diputado provincial del radicalismo, presentó el 29 de diciembre un proyecto de resolución en el que cargó las tintas sobre el Gobierno por la situación en El Quebracho, pero no mencionó a Tres Arroyos. En el parte de prensa que difundió, instó a buscar “mecanismos eficaces que resuelvan la situación de incertidumbre de las familias involucradas, ex trabajadores del frigorífico, minifundistas que se dejan en la calle si se lleva adelante el desalojo”. Bregó además por la defensa del “derecho al trabajo de estas familias y porque desde el Estado se garantice la seguridad de vivienda y hogar”. “Es de esperar que en las actuales circunstancias no se siembren más incertidumbre, pesar y violencia sobre la vida de estas familias de trabajadores”, concluyó. El comunicado afirmaba que la iniciativa fue acompañada por “sus pares de bancada”. En el registro on line de la Cámara, que estaba en receso administrativo en esos días, no figura como ingresado este expediente. Jaime Benedetti, hermano de Atilio, es además uno de los “pares” de Miser en el bloque radical de Diputados provinciales. Ambos Benedetti, Artusi y Miser confluyeron, tras la interna de cargos partidarios del año pasado, en el espacio Nuevo Tiempo radical, que busca sostener la candidatura de Atilio a la gobernación de la provincia. (Fuente: Valor Local)
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