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l juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva al ex Superintendente de Servicios de Salud y ex recaudador de la campaña kirchnerista de 2007, Héctor Capaccioli, por la supuesta asignación irregular de fondos a obras sociales y para gastos personales. La medida del juez es por malversación de caudales públicos en una investigación que se inició como un desprendimiento del expediente por la “mafia de los medicamentos”, y en su resolución el juez le trabó un embargo de 500 mil pesos. Oyarbide le imputó el otorgamiento como titular de la Superintendencia a 52 obras sociales de la suma de 47.744.950 de pesos “para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades”, según la resolución de más de 40 carillas. Polémicas compras Capaccioli –según determinó el juez– hasta utilizó dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca Cardon, y hasta una caja de bombones declarada como “regalo a un diputado”. Además, el juez también procesó sin prisión preventiva a los ex empleados de la Superintendencia Fernando José Scopinaro y Osvaldo Cochlar, y al ex Gerente de Asuntos Jurídicos del organismo Agustín Ballesteros. El encargado de recaudar fondos para la campaña Cristina Kirchner-Julio Cobos en 2007 fue acusado por otorgar subsidios por 48 millones de pesos, a 52 obras sociales, sin que hubiera motivos –según el juez– para dárselos a dichas entidades en detrimento de otras. El juez recordó que el objetivo de la Superintendencia no es disponer de fondos para “ser aplicados a la implementación de programas de prevención”, sino en cambio el de realizar “funciones eminentemente supervisoras, fiscalizadoras, de coordinación y de contralor” de las obras sociales. Señaló, entonces, que ni Capaccioli ni los otros tres imputados “no podían desconocer la falta de atribución, facultad y competencia” de la Superintendencia, y les imputó a todos ellos los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público. “Queda en evidencia la manifiesta incompetencia de la Superintendencia de Servicios de Salud para la implementación y la disposición de fondos para llevar a cabo programas preventivos de salud; así es que se abre a las claras que los imputados Capaccioli, Scopinaro, Ballesteros y Cochlar actuaron cuando la ley no les permitía hacerlo, configurándose el abuso al que se hiciera referencia párrafos arriba”, añadió. En su extensa resolución, remarcó que todos reconocieron intervenir mediante sus avales en el otorgamiento del millonario subsidio, pese a que podían dictaminar desfavorablemente “exponiendo la equívoca interpretación de la normativa que regía la materia”. “Presentes” Un capítulo aparte dedicó el juez a los gastos de la “caja chica” que utilizó Capaccioli de fondos de la Superintendencia entre junio de 2006 a octubre de 2008 para comprar ropa y objetos de todo tipo que superan los 1.300 pesos, alguno de los cuales –según la justificación del ex funcionario– fueron para dar “presentes” a distintas personas. “No es lo mismo obsequiar una plaqueta conmemorativa a una persona por sus antecedentes, desempeño o el prestigio que se tenga ganado, que obsequiar un strapless drapeado de Ossira, solo por considerar que sería del agrado de la persona destinataria”, ironizó Oyarbide al respecto. El juez también tiene imputado a Capaccioli en la megacausa por la “mafia de los medicamentos”, en la que están procesadas más de 40 personas, y entre los detenidos están el titular del gremio Bancario, Juan José Zanola, y el empresario Néstor Lorenzo, entonces titular de droguerías San Javier. En esta última causa, Capaccioli está imputado por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de lavado de activos.