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APF).- El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aclaró que al contestar el planteo por un tercer mandato de los intendentes del justicialismo, cumplió con su “rol institucional, al margen de que lo que políticamente piense el Ejecutivo”. Al respecto, sentenció: “Es nuestro deber constitucional defender la legalidad”. Igualmente, indicó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá resolver la demanda, ya que “es el cuerpo competente para definir esta situación”. También entendió que el veredicto deberá llegar “antes de las elecciones, para evitar cualquier tipo de duda o planteo”. “Los intendentes plantearon una acción de inconstitucionalidad de la propia Constitución, en la medida que una disposición transitoria les impide ser reelectos a los que están cumpliendo su segundo mandato”, explicó Rodríguez Signes. Asimismo, señaló que este planteo “es un juicio, no es un trámite administrativo que la Fiscalía rechazó”, por lo que señaló que “lo que hizo es contestar esa demanda”. Más adelante, afirmó que “en definitiva es una resolución que le tocará adoptar al Superior Tribunal”. En ese orden, acotó que para ello el Alto Cuerpo cuenta con “plazos muy laxos, muy flexibles, porque es una acción de inconstitucionalidad”. De todas formas, estimó que el tema “debería estar resuelto antes de las elecciones”. El planteo fue presentado por 13 intendentes del Partido Justicialista (PJ), para que sea declarada inconstitucional la cláusula de la Carta Magna que les impide disputar un tercer mandato en octubre. Se trata de Faustino Schiavoni, de Nogoyá; Juan Carlos Darrichón, de Diamante; César Garcilazo, de Victoria; Hugo Marsó, de Colón; Marcelo Bisogni, de Concepción del Uruguay; Osvaldo Viano, de Feliciano; Juan Javier García, de Chajarí; Juan Carlos Brambilla, de Crespo; Sergio Raúl Schmunk, de Viale; Rubén Ángel Vázquez, de San Benito; Ernesto Kramer, de Ramírez; Víctor Hugo Vilhem, de San Salvador; y Luis Alberto Schaaf, de Rosario del Tala. Son patrocinados por los abogados Nelson Schlotahuer y Héctor Marchese.