Viernes 18 de febrero de 2011
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Policiales
Al remisero procesado ya lo habían echado por violación
El chofer que fue procesado trabajó un mes en otra empresa hasta que al dueño de la firma le advirtieron que había contratado a un sospechoso. El hombre habría cambiado su aspecto para no ser identificado.
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El remisero habría violado a otra persona.

Puede una persona acusada de violación manejar un taxi o remis? Esa pregunta se enuncia por estas horas en las empresas de transporte luego de conocerse el procesamiento del remisero sospechado de haber abusado sexualmente de una menor. El juez de Instrucción Ricardo Bonazzola entendió que hay pruebas suficientes para continuar con la investigación. Alberto Sueldo, acusado y procesado por abuso sexual, está preso, aunque con certificado de buena conducta. El hombre que debe purgar en la cárcel preventivamente trabajó en otras empresas del rubro. Hace un año y medio, se presentó en una remisera de esta capital para brindar sus servicios de chofer. El dueño de la firma, ante la presentación de los papeles de rigor como el documento de identidad, el carné de conductor y el certificado de buena conducta, lo tomó para que manejara una de sus unidades. Pasó un mes arriba del coche, cuando el dueño de la empresa fue advertido por un policía que su empleado tenía antecedentes en causas de violación. Según narró el responsable de los vehículos, no dejó pasar ni un día en que decidió echarlo. Despedido, Sueldo, no se fue a su casa. Por el contrario siguió en la búsqueda de otro trabajo. El empleador que lo había despedido narró haberse enterado por comentarios que el hoy procesado habría cambiado en varias oportunidades su imagen, dejándose la barba y cortándose el pelo, como estrategia para seguir trabajando. Hace un tiempo que se viene advirtiendo que condenados, en sus salidas familiares de fin de semana, hacen changas manejando autos. Nunca se pudo comprobar y cuando se consulta a los representantes del rubro dicen desconocer que así sea e incluso recomiendan al “ciudadano de pie” hacer saber si “ven a un sospechoso manejando un remis o taxi”. PEGUNTA. El certificado de buena conducta se otorga a todas las personas que no tengan antecedentes. Un ciudadano pasa a tener un “antecedente” al momento de contar con una condena firme. Una imputación o un procesamiento – para la Justicia y la Policía- no valen ni siquiera para hacer una advertencia en el certificado. ¿Puede un violador manejar un taxi? Hasta tanto no se demuestre que lo es, sí puede conducir. Paraná tiene otro ejemplo del que no se puede dar el nombre por tratarse de un padre que habría violado a su hija. El hombre fue condenado, pero apeló la sentencia en la etapa de casación, mientras tanto maneja un coche. No hay sentencia firme, por lo tanto su conducta es buena. El Registro de Defensa de la Integridad Sexual, conocido como el Registro de Violadores, se anunció como un avance en materia de seguridad. El organismo cuenta con un banco de datos con la información “personal, física, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales valorativos del historial delictivo de los condenados” por delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Código Penal. Esa base de datos no sólo estará disponible para jueces y fiscales. En el artículo 2º se señala que “los datos obrantes en dicho serán comunicados a las Policías de la Provincia de Entre Ríos, quienes deberán instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales”. También se prevé crear un sitio de Internet con las fotografías de los condenados “y las principales características de su historial delictivo, se destinarán a un sitio especialmente creado en Internet que podrá ser consultado por quienes demuestren interés legítimo”. La autoridad de aplicación de la ley, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), señala, “actualizará en forma permanente la información de las personas sujetas a este Registro Especial y también notificará automática y permanentemente a las autoridades municipales, escolares, entidades vecinales y organizaciones sociales que demuestren interés legítimo”. (Federico Malvasio. El Diario)
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