Domingo 27 de febrero de 2011
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Política
Los jueces entrerrianos no pagarán juicios en su contra
Entre Ríos sería de las primeras en el país en aplicar el sistema. La propuesta ya fue presentada en la Superintendecia de Seguros. El costo de la póliza para mantener el sistema se fijaría en 100 pesos mensuales.
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Vista entre rejas desde tribunales a Casa de Gobierno.

E

n un futuro cercano los funcionarios judiciales entrerrianos tendrán la posibilidad de tener un seguro ante denuncias judiciales o administrativas. La iniciativa promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial ya está en su etapa final en donde los propios jueces, fiscales y defensores, entre otros, están proponiendo estudios jurídicos por los que se tramitará la póliza. “No es un seguro de mala praxis. Se trata de un seguro ante denuncias que se le hacen a los magistrados administrativamente, como la iniciación de un jury, pero también para causas penales que se les suele abrir a los magistrados en causas vinculadas a la política”, precisó el presidente de la entidad que aglutina a los funcionarios judiciales, Alberto Seró. En rigor, la cobertura correrá con los gastos de los honorarios que tenga el funcionario judicial. El costo de la póliza para mantener el sistema se fijaría en 100 pesos mensuales, y para que sea viable económicamente, desde la entidad que aglutina a los funcionarios judiciales creen que el padrón de afiliados tendría que superar los 100 integrantes. La inquietud por llevar adelante un proyecto de estas características se empezó a gestar hace unos tres años, ante la percepción de “una tendencia social de judicializar los conflictos”, contó Seró. De concretarse la iniciativa, los poderes judiciales entrerriano y cordobés se convertirán en los primeros en implementar un seguro de cobertura legal ante cualquier litigio. De hecho, el sistema fue estudiado y diagramado conjuntamente con la Asociación de Jueces y Magistrados de Córdoba y el asesoramiento de empresas de seguros de Buenos Aires. La propuesta se presentó ante la Superintendencia de Seguro para que se les otorgue la póliza para empezar a ofrecer el producto. Llevar adelante el proyecto no requiere de una legislación provincial, ya que se está ante una contratación de una entidad sin fines de lucro como es la Asociación de Magistrados y una aseguradora privada. En la actualidad los funcionarios de la Justicia de Entre Ríos tienen un seguro médico en caso de operaciones complejas. A elección El seguro no será obligatorio, sino optativo. Esto fue parte del debate hace un tiempo, pero se impuso el criterio de que cada uno tenga la posibilidad de elegir. “Creemos que es beneficioso para el magistrado este proyecto, por qué se ve una tendencia en la sociedad donde se están judicializando los conflictos”, insistió Seró. Y agregó que si bien uno puede esperar que sean los magistrados vinculados al Derecho Penal los que necesiten de un seguro por ser los más expuestos, “hoy ya no es así”. “La idea es tener una previsibilidad y evitar pasar a problemas mayores”, afirmó a El Diario. La cobertura prevé hacerse cargo de una cifra cuyo tope llegue hasta los 100 mil pesos de honorarios del representante en el caso. Para que el sistema sea rentable se estimó que deberían ser alrededor de 130 magistrados los que estén dispuestos a contratar el servicio por una cuota mensual de 100 pesos. De no llegar a ese número, se podría tornar deficitario, aseguraron desde la entidad impulsora del proyecto. El número, dicen, ya está. Aún no se sabe quiénes serán los abogados de las empresas aseguradoras que operarán en la provincia. Para eso se está haciendo una encuesta a través de Internet entre los asociados en donde cada uno tiene que proponer cuatro o cinco estudios jurídicos. De allí surgirán los elegidos que luego serán contactados con las firmas del rubro para que posteriormente ambas partes firmen un convenio. “Esta forma de elección se hizo para que no se produzca una dispersión”, explicó el presidente de la entidad. Los bufets se distribuirían, en caso de ser cinco, dos en Paraná, dos en Concordia y otro en Concepción del Uruguay o Gualeguaychú. Mala praxis Al momento de contratar el servicio se le reclamará al funcionario judicial una declaración jurada con una retroactividad de diez años. Es decir que cuando se formalice el contrato el magistrado no puede tener litigios ya iniciados. En caso de que haya una mala praxis judicial, cuestión por la que se lo acusa al juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, en una demanda contra el Estado por una cifra millonaria, la aseguradora sólo se hará cargo de los honorarios de la representación, no de los daños por el que puede ser condenado. “Cada uno asume la responsabilidad en la actividad y en el peor de los casos responderá con su patrimonio”, dejó en claro Seró. Y añadió: “Hacer un seguro de esa naturaleza no tendría un fundamento ético ya que un magistrado es responsable de sus actos”.
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