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na terapista ocupacional que trabaja en un hospital público de Paraná está sospechada de integrar junto a su marido una red que intercambia material de pedofilia. Por el tenor de la denuncia, desde la Justicia se ordenó un allanamiento en el mediodía del martes en la finca del barrio José Hernández, que derivó en el secuestro de una computadora, CD y abundante material que podría llegar a confirmar la sospecha. La denuncia se formuló primariamente en la Justicia federal de Paraná, y tras una serie de diligencias el juez de Instrucción federal Gustavo Zonis se declaró incompetente, por lo que la causa fue derivada a la Justicia de Instrucción en turno de la capital entrerriana. La misma recayó en la Fiscalía a cargo de Rafael Cotorruelo, que solicitó al juez Elbio Garzón una serie de medidas para profundizar la investigación. La acusada de 29 años está sospechada de intercambiar material pornográfico con menores entre su círculo de amistades de profesionales y fuera de la ciudad que podrían llegar a ligarse con la red que cayó hace pocos días luego de una profunda investigación iniciada por la Justicia de Buenos Aires y que llevó a determinar severas sospechas sobre un hombre de calle Colón de Paraná y otro de la localidad de Crespo, además de 12 personas más del resto del país, e incluso de Alemania. Con los recaudos legales, el personal de la comisaría 14ª de Paraná allanó la vivienda ubicada en la manzana 4 con la presencia de una delegada judicial que dio precisas instrucciones de lo que era necesario incautar. De esta manera se secuestró formalmente una notebook, un CPU, 170 CD con material musical y de filmación casero, un pendrive y cuatro celulares personales sin chips. En el procedimiento hubo un momento de tensión cuando llegó a la vivienda el esposo de la trabajadora pública, quien se puso más que nervioso al ver que le secuestraron la computadora, por lo que pidió bajar documentos privados relacionados con su actividad que ejecuta en un conocido estudio jurídico de la capital entrerriana. Esto no fue aceptado por la delegada judicial, que ordenó precintar el equipo informático y trasladar todos los elementos a la Fiscalía de Cotorruelo. Mientras esto ocurría gran parte del vecindario se mostró sorprendido por el procedimiento policial y el tenor de la denuncia. El fiscal Cotorruelo va a pedir al juez Garzón que el material secuestrado sea íntegramente investigado y analizado por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos. El personal especializado abrirá todos los archivos guardados en las dos computadoras, en tanto que se verificará qué tipo de material fue almacenado en los CD. Por el momento la acusada fue notificada de la investigación judicial, y una vez que concluya la recolección de informes y pericias oficiales la mujer como el esposo de 35 años deberán prestar declaración en la causa en la que se encuentran sospechados de integrar una red de pedofilia.