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e la redacción de INFORME DIGITAL El intento de la empresa inversora de iniciar las obras del shopping en el hipódromo puso sobre el tapete la precariedad en que vivían varias familias y la falta de consideración de las distintas partes –vendedores/compradores- sobre este problema a la hora de firmar el contrato. Lo concreto el terreno se compró con familias y viviendas adentro. Hay quiénes son empleados del Jockey Club y cuando se termine de construir el nuevo predio en Oro Verde tendrán ese destino pero también hay familias que viven desde hace décadas y que no tienen vínculo con ningunos de los actores formalmente involucrado. La empresa quiere desocupar el predio para iniciar las obras, pero las familias que no tienen vínculo con el Jockey quedarían desamparadas y, por otro lado, el nuevo hipódromo marcha lento por lo que tampoco los trabajadores de la actividad hípica tienen resuelto el tema habitacional. Para dar un poco de claridad sobre estas cuestiones dialogó con radio f5 el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay que explicó que explicó que, en principio, tomó intervención solamente por seis familias que “no tenían ningún vínculo con el Jockey Club, ni con la empresa que adquirió el predio”. Indicó que, en muchos casos, esas familias están integradas por “hijos de cuidadores que hace 50 años vivieron ahí y quedaron”. El Defensor del Pueblo espera que el conflicto termine en una mesa de diálogo. En ese sentido señaló fue la propuesta que hicieron a las partes intervinientes y que “hoy (por este jueves) llegó la contestación del Jockey, ayer (por el miércoles) la de la empresa” y destacó que en ambos casos se muestran “a disposición al diálogo”. Consideró que la solución al conflicto entre los trabajadores del hipódromo y habitantes del predio y la empresa inversora y el Jockey Club sería “clarita”, esto es “que se demoren las obras para entregar el inmueble y que en Oro Verde se termine el nuevo predio del Jockey Club”. Aunque aparece una traba jurídica para esta posibilidad que es lo que figura en el contrato firmado, según el cual el predio de avenida Almafuerte tendría que haberse entregado a los inversores. La preocupación de Garay es “quién se hace cargo de esas familias porque si no son empleadas del Jockey y tampoco de la empresa, de alguien son empleados y ésa es la duda que tengo como defensor: de quién dependen, quién les dijo pónganse a trabajar y vivan acá”. Sobre esta cuestión, desde la empresa aseguraron que entregarían materiales para 5 viviendas, que se construirían sobre terrenos entregados por la Municipalidad.