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sta semana, el abogado José Antonio Reviriego, asesor de Jorge Busti, fue notificado de cuatro sentencias más, que resolvieron favorablemente los reclamos de las amas de casa, instrumentados mediante Acciones de Amparo y medidas autosatisfactivas. Desde el bustismo consideran que de esta manera se demostró por vía judicial “que tanto el gobierno provincial como el organismo previsional nacional (ANSeS) estaban equivocados cuando sostenían que el sistema provincial denominado de Amas de Casa y el Sistema Previsional Nacional eran incompatibles”. La justicia federal reconoció, luego de un largo peregrinar para estas mujeres, que sus planteos eran “legítimos” y que en forma “totalmente arbitraria e ilegítima” se le había cortado el beneficio de la jubilación así como la cobertura de salud, señalaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. “Se ordena en los fallos judiciales que se restablezca el beneficio coartado y la cobertura de salud, así como se reintegren todas las sumas que en forma arbitraria se dejaron de abonar desde hace más de un año, por la supuesta existencia de incompatibilidad de beneficios”, indicaron. Desde el sector del ex gobernador lamentaron que “una vez más la justicia debe resolver las desviaciones y excesos de los gobiernos que administran los intereses provinciales y nacionales, ordenando restablecer las garantías vulneradas y los derechos conculcados de las amas de casa”. Apuntando al gobierno provincial y a las autoridades de su órgano previsiones, remarcaron que “no existe ni existió nunca la supuesta incompatibilidad de beneficios entre la jubilación nacional y la prestación asistencial de Ama de Casa” y agregaron que “también la justicia a través de estos nuevos fallos judiciales, reconoce el carácter asistencia del beneficio de ama de casas y la inexistencia de reciprocidad jubilatoria con el sistema nacional”. Por último, y amparándose en estos fallos exigen que “las numerosas amas de casa que aún aguardan el reestablecimiento de sus beneficios previsionales y asistenciales por vía judicial, sean inmediatamente garantizadas y reparadas en sus derechos por el poder ejecutivo provincial, quien cuenta con todas las facultades que la Constitución de nuestra Provincia le otorga para solucionar el problema que su inacción y valoración errónea de una situación legal genero en personas de la tercera edad con necesidades básicas y especiales que satisfacer diariamente”.