Miércoles 06 de julio de 2011
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Policiales
Condenaron a dos ministros de Montiel
Condenaron a dos años y dos meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua a Berón y Cepeda, pero absolvieron a Villaverde. Se investigará la presunta evasión tributaria y otros delitos en la compra accionaria de la firma.
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Ministros de la gestión Montiel, condenados.

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a Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná condenó a Oscar Berón y Osvaldo Cepeda a dos años y dos meses de prisión con ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. En tanto, entendió que Rubén Villaverde “no incurrió en delito alguno” y por ello lo absolvió de culpa y cargo. El Tribunal -integrado por José María Chemez (presidente), Hugo Daniel Perotti y Marcela Badano- consideró probado que los dos ex funcionarios incurrieron en el delito de perjuicio a la administración pública con la estructura de la administración infiel en concurso ideal con las funciones incompatibles; al recibir colectivos usados de la empresa San José para cancelar obligaciones tributarias. Por otra parte, el cuerpo dio lugar a la solicitud de remitir al Tribunal Federal los documentos pertinentes para que se investigue la presunta evasión tributaria y otros delitos federales en la respectiva compra accionaria de la firma de transporte. Durante los alegatos, el fiscal Leandro Ríos solicitó entre tres y dos años de prisión condicional para los ex ministros del gobierno de Sergio Montiel. En tanto, el querellante particular Gustavo Acosta coincidió con la tipificación del representante del Ministerio Público, pero pidió penas menores. El 25 de julio a las 12.30 se leerá el fallo completo, desde esa fecha las defensas tendrán diez días hábiles para presentar el recurso ante Casación. Este miércoles tuvo lugar la lectura del adelanto de sentencia, en el juicio que se sigue a ex ministros montielistas por defraudación en perjuicio del Fisco y negociaciones incompatibles con la función pública. La Sala I receptó las posturas acusatorias, pero ajustó las penas, otorgando dos años y dos meses de prisión condicional a Berón y Cepeda, lo que incluirá reglas de conducta tales como fijar un domicilio y comparecer cada seis meses ante el Tribunal. Asimismo, estableció la inhabilitación especial perpetua para los ex funcionarios. Mientras que consideró que Villaverde “no incurrió en delito alguno” y por ello lo absolvió de culpa y cargo. Los alegatos de las partes acusatorias En la audiencia de alegatos realizada el 1º de julio, el fiscal Ríos enumeró los aspectos “nucleares” de las acusaciones. En ese orden, puntualizó que a Berón se le adjudica la responsabilidad de “haber refrendado el Decreto Nº 2379/02, en contraposición con normativa fiscal vigente y aplicable, y de este modo permitir la operación” en cuestión. Igualmente, “refrendó el Decreto Nº 157/03, que consuma el delito que se le imputa”. En tanto, refirió que Cepeda tuvo una “intervención directa en el expediente, interesándose en la cancelación impositiva, mediante la entrega de los automotores”, e “impulsó una tasación ideológicamente falsa”. En cuanto al presunto diálogo con el secretario de Tasaciones de entonces, Miguel Duré, evaluó que “es altamente probable”. Por su parte, Villaverde refrendó el Decreto Nº 157/03: “Su posición de garante debió operar como barrera de contención y evitar que se genere el perjuicio contra el Estado provincial”, advirtió. Por ello, afirmó que “su participación fue necesaria para la ejecución de la operación”, puesto que además “refrendó en acuerdo de ministros la dación de pago de bienes registrables” interesándose “en beneficio de un tercero”. La tesis que sostuvo el Ministerio Público fue que “empresa que había sido vaciada y que estaba en un proceso de transferencia, se benefició de modo exclusivo cancelando la deuda mediante la entrega de unidades sobrevaluadas, sin siquiera pagar los costos de transferencia, aún cuando el pago de las obligaciones era fácilmente cobrable”. Incluso subrayó que luego la firma “adquirió entre 15 y 20 colectivos”, lo que “fue posible por la parcialidad por parte de los funcionarios públicos, ocasionando un detrimento al patrimonio provincial”. A fin de argumentar esa tesis, desarrolló los hechos en función de las siguientes fechas fundamentales: 31 de mayo de 2001, cuando se presentó la forma de cancelación de deuda; 21 de junio de 2002, cuando se dictó el Decreto Nº 2379/02, “que fue hecho a medida de San José” y fue publicado el 6 de septiembre de ese año; y 17 de enero de 2003, cuando se emitió el Decreto Nº 157/03. Tras una detallada argumentación, Ríos aseveró que quedó probado que los ex ministros incurrieron en el delito de “perjuicio a la administración pública con la estructura de la administración infiel en concurso ideal con las funciones incompatibles”, es decir, que el delito “tiene la estructura del fraude y no de la estafa, incurriendo en el abuso del poder, la inobservancia del principio de legalidad y uso de instrumentos falsos ideológicamente”. No obstante, entendió como atenuante que “no existió ánimo de lucro”. Concretamente, para Berón solicitó tres años de prisión y la inhabilitación especial perpetua, para Cepeda -como partícipe primario- dos años y diez meses de prisión e inhabilitación especial perpetua, y para Villaverde dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Por otra parte, requirió continuar la investigación en torno a la falsedad ideológica de documentación y de las declaraciones testimoniales de Miguel Duré y Héctor Hugo Sid; así como que se remita al Tribunal Federal los documentos pertinentes para que se investigue la presunta evasión tributaria y otros delitos federales en la respectiva compra accionaria de San José. Cabe recordar que por el Ministerio Público, además de Ríos, está el fiscal Adjunto Juan Francisco Ramírez Montrul. A su turno, el querellante particular manifestó que “la materialidad del hecho se encuentra acreditada” y coincidió en que la operación de cancelación de las obligaciones tributarias fue en beneficio de San José y en detrimento del Estado entrerriano. Acosta no dejó pasar las irregularidades plasmadas en los diferentes informes, sobre todo, las registradas en los de la Dirección de Tasación. En concordancia con la Fiscalía, sostuvo que los ex funcionarios incurrieron en el delito anteriormente tipificado; por lo que requirió dos años de prisión condicional para Berón, un año para Villaverde y un año para Cepeda. Igualmente, solicitó la inhabilitación especial perpetua para los tres imputados. Fundamentos de las defensas El abogado de Berón, Raúl Avero, observó que los alegatos de las partes acusatorias estuvieron “plagados de subjetivaciones”, y subrayó que “no se ve cuál fue el accionar doloso” de su defendido. Paso seguido, interpretó como inconducente que cada ministro controle la documentación remitida por otros organismos, y mencionó al respecto el “principio de confianza”. Por todo esto, solicitó la absolución del ex ministro de Hacienda. En la misma línea se expresó Fernanda Tardelli, representante de Villaverde. Durante su intervención, la letrada arguyó que no hubo elementos “contundentes” que sustenten la imputación del ex ministro de Acción Social, por lo que apeló al beneficio de la duda. Finalmente, Juan Manuel Zaragoza también sostuvo que no quedó evidenciado cómo el ex titular de Economía y asesor de la Gobernación actuó en forma ilícita, según las hipótesis de la Fiscalía y la querella particular. “De ninguna manera vamos a negar la intervención de Cepeda, pero vamos a enfatizar que tuvo un interés estrictamente como funcionario”, reafirmó. El caso El cuerpo principal del expediente había sido elevado por el juez de Instrucción Nº 2 Carlos Ríos el 27 de noviembre de 2007, con los procesamientos de todos los implicados, menos el de Villaverde, quien por entonces tenía fuero de legislador provincial. Durante 2008, el ex titular de Salud mantuvo la protección legislativa al ser electo como convencional constituyente. Luego, una serie de demoras formales dilataron su indagatoria, que finalmente se concretó el 7 de junio del año pasado. Tras esta comparencia ante Ríos, Villaverde también fue procesado. La decisión fue apelada por la defensa técnica del ex ministro, a cargo de Fernanda Tardelli, pero la Cámara 2 del Crimen, integrada por los jueces Héctor Vilarrodona; Raúl Herzovich y Miguel Ángel Giorgio, confirmó la determinación del magistrado de primera instancia. Por su parte, Montiel quedó eximido de comparecer en la causa. Así lo resolvió la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, luego de la pericia médica que se le practicó al ex mandatario. También se excusó al ex ministro de Gobierno, Fermín Garay, de estar presente en las audiencias, ya que se acreditó “fehacientemente la imposibilidad física de concurrir”.
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