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e la redacción de INFORME DIGITAL La Presidente Cristina Fernández anunció este martes que firmó un decreto que “prohíbe la publicación de oferta sexual y crea una oficina de monitoreo del tema en el Ministerio de Justicia, para que conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer y otros organismos puedan articular una eficaz tarea”. El decreto es complementario a la ley 26.364 sancionada en abril de 2008 que busca la prevención y sanción de la trata de personas. Con esto se ilegaliza el denominado “rubro 59”, la oferta de sexo pago a través de la prensa escrita. Sin embargo, la aceptación de la medida no fue unánime y desde la Asociación de mujeres meretrices de Argentina (Ammar), seccional Paraná, cuestionaron la medida que consideran no es efectiva contra la trata de personas y afirmaron que les traba la posibilidad de ejercen libremente lo que definen como un “servicio sexual”. Claudia Carranza, titular de Ammar Paraná, cuestionó el hecho de “prohibir servicios de trabajo” porque “niega la posibilidad de poder optar en decisiones sobre los servicios sexuales” y sostuvo en diálogo con radio f5 que “el trabajo sexual es un servicio y mientras esto siga estando en clandestinidad, más mafias va a estar al borde de poder atraparlas (a las personas que son víctimas de la trata)”. “Por eso nosotros decimos que más que prohibir un rubro de servicio habría que empezar a trabajar un protocolo donde no sean castigadas nuevamente y clandestinizadas las trabajadoras autónomas que a lo mejor como una opción decidieron colocar un aviso para su trabajo en un diario”, manifestó.