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uján Maquiavello interpreta que le corresponde una banca tras la vacante producida en el cuerpo del Concejo Deliberante, luego de la renuncia de quien fuera su titular, y ahora funcionario del Gobierno provincial, Pablo Biaggini. En su presentación sostiene que quien ocupó la banca en su lugar, la justicialista Graciela Traverso, el 21 de marzo último, lo hizo en abierta “incompatibilidad”. Es que Traverso, además de concejal, es desde 2006 miembro de la Comisión Fiscalizadora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Luján Maqhiavello resultó electo concejal titular en décimo lugar en los comicios de marzo de 2007. En su razonamiento, sostiene que la asunción de Traverso constituye un acto de “incompatibilidad manifiesta”, y reclama para sí la banca que ahora ocupa la edil Traverso. Razonamiento Machiavello pidió al cuerpo deliberativo que lo “invista de dicho cargo, expidiéndome el diploma respectivo, estableciendo que debo entrar en funciones y disponiendo a esos efectos que se me debe poner en funciones de dicho cargo”. A su entender Traverso está en incompatibilidad, tal cual lo establece la Ley N° 3001 (que regula la vida institucional de los municipios), y su reciente modificación, por cuanto ocupa un cargo en el Estado provincial, y a la vez es concejal. En su relato, sostiene que la edil no renunció al primer cargo, ni pidió licencia sin goce de haberes; lo único que hizo fue renunciar a su dieta como concejal. Pero también, sostiene, la situación contraría la ley de creación del Iosper, que establece que no pueden ser directores, ni, como la reforma de esa norma estableció, miembros de la Junta Fiscalizadora, los miembros de los cuerpos legislativos nacionales, provinciales o municipales. En la presentación que hizo el 18 del actual ante el secretario de la Junta Electoral, Ángel Zacarías, quien a la vez es secretario del Concejo Deliberante pone de manifiesto que ya han transcurrido 34 días hábiles desde el primer reclamo, sin haber obtenido respuesta. De paso, le recuerda lo que establece la Ley Orgánica Municipal en su artículo 42°, inciso G, que es lo que sigue: “La Juntal Electoral debe expedirse dentro de los 10 días de sometidos a consideración los asuntos de su competencia, bajo pena de destitución en el desempeño remiso de sus funciones o inhabilitación por 10 años para desempeñar empleo o función pública provincial o municipal, al igual que el Secretario Electoral”. Y recuerda luego que frente a la dilación en resolver ese asunto y ante la proximidad de la finalización de los actuales mandatos, puede que la resolución, una vez que ocurra, “caiga en abstracto” por cuanto se habrán cumplido los tiempos de mandato de los ediles actualmente en función. En realidad, Maquiavello no descarta que haya cierta intencionalidad política en la dilación, y por eso empezó una serie de averiguaciones por su cuenta, y descubrió que, por ejemplo, los integrantes de la Junta Electoral Municipal –Héctor Vilarrodona, Lydia Taleb, y Marcela Piterson—no han tomado todavía conocimiento del planteo hecho a principios de junio. “No ha habido ningún tipo de traslado de la presentación a los integrantes de la Junta. Todavía no saben nada de mi presentación”, resumió. --¿Qué pasos va a dar a partir de ahora? --A partir de esta presentación, espero que se apuren los trámites y que en diez días hábiles pueda tener una resolución.