Jueves 15 de septiembre de 2011
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Interés general
Una enfermera del IPP complicó a Torrealday
Una trabajadora del instituto privado contó que allí estuvo internado como NN un recién nacido que había sido derivado del Hospital Militar y dijo que su atención estuvo a cargo de uno de los directores de la institución.
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Sigue el juicio contra los apropiadores de los hijos de Negro.
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F

ue una jornada de importantes revelaciones, desde la firmeza y contundencia del testimonio un periodista rosarino, hasta el sorpresivo relato de una enfermera del Instituto Privado de Pediatría y la estremecedora historia de un militar con un hermano desaparecido que fue amenazado por el dueño de la vida y de la muerte en esos años en la provincia para que deje de buscarlo. Fue, en resumen, una jornada intensa. En el banquillo de los acusados, casi como una postal, estaban cinco de los imputados: Pascual Oscar Guerrieri, recostado contra la pared, en primera fila; detrás suyo, Jorge Alberto Fariña; al medio, adelante, Juan Daniel Amelong, siempre con dos pares de anteojos colgados de la nariz; a la izquierda, adelante, Marino Héctor González, con rostro malhumorado e inflando los cachetes; y más atrás el médico Juan Antonio Zaccaría, inmóvil, sin siquiera realizar un gesto. Walter Salvador Pagano sigue, como desde hace dos semanas, recluido en una sala del fondo y solo apareció por un momento, convocado por el tribunal para un reconocimiento que se le formuló a un testigo. La misma foto incluye a la esposa de Zaccaría, inquieta y charlatana. La del miércoles se presumía una audiencia sin mayores sorpresas, ya casi en el final de la etapa de testimoniales en el juicio por sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná, durante el cautiverio de su madre, en una fecha imprecisa de marzo de 1978. Pero dos enfermeras del Instituto Privado de Pediatría (IPP), al que fueron derivados los mellizos al día siguiente de su nacimiento, quebraron esa expectativa con importantes revelaciones sobre lo que pudo haber sido la estadía del mellizo varón en la institución. Por ese entonces, a principios de 1978, la flamante sala de neonatología del IPP estaba dividida en dos espacios, uno para incubadoras y otro para cunas, pero también tenía un codo en el que había una incubadora sin caparazón, separada del resto, cerca de la sala de enfermeras, donde se ubicaba a recién nacidos “con alguna situación especial o de mayor gravedad”, según explicó una de ellas, mientras que la otra agregó que allí se colocaba a los bebés “prematuros o de bajo peso”. Sin embargo, la primera recordó el caso de un chico proveniente del Hospital Militar. “Al niño lo tenían separado, estaba aislado en otro sector de la sala de neonatología, en una incubadora de emergencia que se utilizaba para chicos en riesgo; eso me quedó grabado”, afirmó la mujer. Dos cosas le llamaron la atención a la enfermera: por un lado, que el nene “estaba bien, normal”; y, por el otro, que en la tarjeta de identificación que tenía la incubadora decía NN, en lugar del nombre, como era lo corriente. La mujer dijo que mientras duró la internación de ese bebé “el que le daba atención era el doctor (Miguel Alberto) Torrealday”. Así, volvió a aparecer en escena el nombre de uno de los directores del instituto al que fueron derivados los hijos de Raquel Negro, a quien sus socios sindicaron como el que estaba a cargo de la sala de neonatología, y que la semana pasada, durante su declaración en el juicio, no pudo sino admitir la presencia de bebés internados como NN en el nosocomio privado. Cuando preguntó al médico por qué la tarjeta del bebé decía NN, Torrealday “primero no quiso contestar y después dijo que la familia estaba viendo qué hacer con el bebé”. Luego de varias repreguntas –y hasta una intimación del tribunal, a pedido del fiscal José Ignacio Candioti, para que contestara–, la enfermera señaló que el médico le refirió que “los familiares del chico no sabían si le pondrían el apellido del padre o de la madre”, aunque ella entendió que fue “una respuesta medio confusa con la que me quiso conformar”, sentenció. La maternidad En la décima audiencia del juicio declaró también Joe Víctor Manuel Erbetta, un ex militar que se desempeñaba en el predio donde funcionaban los batallones de comunicaciones e ingenieros y el Hospital Militar de Paraná. Joe es hermano de Victorio Coco Erbetta, que se encuentra desaparecido desde el 16 de agosto de 1976. Coco era militante peronista y fue secuestrado del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas por efectivos de la Policía Federal que estaban vestidos de civil. Se sabe que estuvo un día en la delegación policial y luego fue trasladado a los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. Un ex preso político declaró en sede judicial que una noche lo llevaron hasta la residencia del entonces arzobispo de Paraná, Adolfo Tortolo, y nunca más volvieron a verlo. Joe dijo que el 10 de septiembre, menos de un mes después del secuestro de Coco, fue convocado por Juan Carlos Trimarco a su oficina. Allí el entonces jefe de la represión en la provincia lo amenazó apuntándole a la cabeza con un arma para que no busque más a su hermano; y a partir de ese momento tuvo limitados sus movimientos dentro del predio militar en el que cumplía funciones. Sin embargo, el hombre supo, por comentarios de quien era entonces jefe del distrito militar y superior suyo, el coronel Ulises Schor, de la presencia de mujeres que eran trasladadas desde otros centros clandestinos de detención a dar a luz en Paraná. “Entraban mujeres embarazadas a parir en el Hospital Militar”, dijo sin poder precisar cuántas ni con qué frecuencia. “Schor tenía reuniones permanentes con Trimarco y a veces me comentaba que estaban pasando cosas raras, que ingresaban mujeres a tener familia y que luego esas mujeres desaparecían y los hijos tenían destino desconocido. Incluso en ese momento se mencionó mucho un parto de mellizos”, remarcó. Asimismo, Erbetta contó que parte de sus tareas consistían en atender la guardia en la barrera de entrada al predio y que “en los primeros años (de la dictadura) ingresaban muchos agentes de inteligencia, pertenecientes a lo que en esa época se llamaban grupos de tareas. Llegaban desde Rosario, Santa Fe y Paraná y, por lo general, estaban vestidos de civil”, lo que da cuenta de una presencia constante de personal del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en la capital provincial. De hecho, a pedido de los fiscales, Erbetta reconoció a Juan Daniel Amelong como uno de esos agentes. Del Frade habló del rol de los procesados en el equipo represor –¡Qué tal, cómo le va Del Frade! No nos vaya a fusilar, eh! –No, yo no fusilo, Guerrieri. La charla en un encuentro casual en el pasillo principal del edificio de la Justicia Federal en Paraná, sorprendió a los pocos testigos que escucharon el singular pedido del represor procesado al periodista rosarino que investigó los hechos de represión en el Litoral argentino. Una agente de Gendarmería expresó su sorpresa en el gesto. Así, con ese encuentro informal, el periodista Carlos Del Frade comenzó su jornada en la sede judicial de Paraná, donde se desarrolla el juicio por el robo y sustitución de identidades de bebés recién nacido en el Hospital Militar, durante la última dictadura militar. Investigación Ya ante el tribunal, Del Frade abrió la jornada de audiencias, contando sobre las entrevistas periodísticas que realizó a Eduardo Tucu Costanzo, quien reveló datos precisos sobre el nacimiento de los hijos mellizos de Raquel Negro, la militante que estuvo detenida en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario y fue trasladada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz. El aporte central del periodista rosarino estuvo dado en que habló de los roles que tuvieron los procesados en el grupo represivo y secuestrador de los niños. En ese sentido, basándose en los diálogos con que mantuvo con Costanzo señaló a Jorge Fariña, Pascual Guerrieri y Juan Amelong como los principales responsables. Los tres comparten condición de procesados en este juicio con Marino González, Walter Pagano y el médico Juan Antonio Zaccaría. Tras indicar que las entrevistas con Costanzo se sucedieron entre 1997 y 2000 dijo que una de los reportajes los recuerda especialmente y volcó las revelaciones en el libro Matar para robar, luchar para vivir, de 2004, y en el libro El Rosario de Galtieri y Feced, de 2000. “Esa entrevista fue en la casa de Constanzo, en Rosario, muy cerca de la tristemente célebre Casita de los ciegos, donde se produjo un hecho de secuestro y usurpación de personas”. “En esa oportunidad me ratificaba lo que había pasado en la Quinta de Funes. Constanzo hizo hincapié en las figuras de Guerrieri, Amelong y especialmente Fariña, como los principales responsables de lo que sucedió en la Quinta y en la Intermedia. Allí hablamos de los mellizos nacidos en Paraná y que a Raquel Negro la habían sacado para parir. Me habló de una nena y un nene, pero él había creído que uno de ellos había nacido muerto, estrangulado por el cordón umbilical”, declaró. Una serie de preguntas dejaron como respuesta que el colaborador de la represión no reveló ningún lugar específico donde se produjo el parto, e incluso que no se habló del Hospital Militar. Manos con sangre En su relato, Del Frade dijo que Costanzo le entregó una fotocopia de una carta que le envió al ex vicegobernador de Tucumán, Vicente Topa, donde le decía que tenía las manos manchadas de sangre por defender la Patria y que necesitaba plata”. La información brindada por el colaboracionista de la represión, según dijo el periodista rosarino, era que tenga repercusión nacional, cosa que se logró mediante una publicación en el diario Página/12, con un nota firmada por Miguel Bonasso. “Después de esa publicación se produjo el encuentro más desagradable que tuve (con Costanzo). Frenó el remis en el que trabajaba, se bajó y me dijo: ‘te voy a cortar los huevos por lo que hiciste’. Se mostró molesto por la publicación”, relató Del Frade, a pesar de que su interés inicial era, precisamente, que tenga repercusión nacional su historia. Motivado por una pregunta del presidente del tribunal, Roberto López Arango, el testigo afirmó que las declaraciones de su entrevistado, Costanzo, coincidieron con la verdad expresada por otras fuentes. Carlos Del Frade sugirió que se incorpore un documento de 1976 del coronel Alfredo Sotera, donde alude a “los procedimiento por izquierda” que hacía el Ejército Argentino en la jurisdicción del Segundo Cuerpo. “Allí se habla de procedimientos altamente irregulares, entre los cuales también se habla de menores, y de lo que llamaban BDTS, Bandas de Delincuentes Terroristas Subversivos. Todo eso estaba con el sello de secreto”. “Cuando secuestran al hijito de la familia Ayastuey, de Gualeguaychú, cuando lo van a recuperar en una casa de menores en Buenos Aires, las llaves del auto del matrimonio se las entrega (Juan Carlos) Trimarco en Paraná a la familia de la mamá. Con esto quiero decir que estos hechos tienen una conexión y que Trimarco estaba al tanto de lo que se conocía como ‘botín de guerra’, es decir, dar al chico como objeto de intercambio”, agregó. Desde su lugar, el defensor oficial Mario Franchi preguntó, e insistió, sobre los motivos que movilizaba a Costanzo para acceder a la entrevista. Si bien confirmó Del Frade que su entrevistado mostró interés por recibir dinero, afirmó que él se negó a pagarle pero igualmente las entrevistas se hicieron. “Creo que se veía venir que se terminaba la impunidad de la cual gozaba en ese momento. Tenía una gran necesidad de blanquearse él y deslindar responsabilidades”, dijo. Fue allí cuando reveló que Costanzo fue asesor rentado del ex senador justicialista santafesino Luis Rubeo, pero que luego quedó cesante y desde entonces su situación económica no era buena.
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