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a Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal de Superior Tribunal de Justicia llevó a cabo en la mañana de este miércoles la audiencia de casación por la causa que involucra al ex senador Abelardo Pacayut y a su esposa Ruth Klein. Sus representantes, Guillermo Bonabotta y Rubén Cabrera, no estuvieron presentes. En ese marco “el tribunal adelantó el veredicto, rechazando el recurso de casación presentado por las defensas de Pacayut y de su cónyuge, y confirmando la sentencia condenatoria”, informó el procurador general de la provincia Jorge García. Cabe recordar que el ex legislador fue considerado “coautor material y responsable de los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, uso de instrumento público falsificado, todos consumados y en concurso ideal contra la administración pública”. Por esos delitos, se lo condenó a tres años y cuatro meses de prisión efectiva, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos así como el pago de una multa de 45.000 pesos y costas a su cargo. La esposa del ex representante en la Cámara Alta, Ruth Klein, también fue condenada a dos años de prisión condicional y una multa de 20 mil pesos, a mantener la residencia y realizar servicio comunitario por un plazo de diez meses. Al ser consultado sobre lo que resta para que la sentencia quede firme, García contestó: “Hay que esperar los días que corresponden para que la defensa pueda ejercer el derecho de intentar la vía extraordinaria de ir a la Corte Suprema de Justicia”. En ese orden, el procurador consideró que “la defensa va a tratar de llegar a la Corte, la Sala examinará si considera que no es admisible la vía, rechazará el recurso extraordinario y ahí la sentencia quedará firme. Allí tienen que empezar a cumplir la pena”. “A la queja la puede ejercer en el caso de que se rechace la vía, pero eso no suspende la sentencia”, acotó al respecto García. La causa surgió a raíz la adjudicación de una vivienda a la esposa de Pacayut en un establecimiento forestal en Mazaruca que pertenecía a Yacimientos Carboníferos Fiscales. La Justicia buscó probar que en ese momento la mujer no era indigente, sino propietaria de una vivienda en Paraná. La investigación fue iniciada por el ex titular de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira.