Viernes 18 de noviembre de 2011
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Política
La UCR insiste en la justicia por una banca en el HCD de Concordia
La ley electoral provincial –que rigió el 23 de octubre- tiene en cuenta los votos en blanco para la distribución de bancas y la Constitución no. Según los cálculos de la UCR, en Concordia les correspondería una banca que no se le otorgó.
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D´Agostino asegura que se viola sistemáticamente la Constitución.

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e la redacción de INFORME DIGITAL De las 13 bancas en juego en el Concejo Deliberante de Concordia, 11 obtuvo el Frente para la Victoria (FPV) y dos el Frente entrerriano federal (FEF). Sin embargo de acuerdo a los cálculos de la UCR, si no se contabilizaran los votos en blanco a la hora de obtener las bancas que le corresponden a cada fuerza, podrían acceder a un lugar ya que se reducirían de 11 a 10 los concejales del oficialismo. “Si hay una ley que dice que le cálculo se hace de una manera de debe hacer como la ley lo dice, pero resulta que el sistema electoral que hace computar los votos en blanco, contradice a la constitución provincial”, dijo a radio f5 el ex candidato a vicegobernador del Frente progresista cívico y social, Marcelo D´Agostino. Los apoderados legales del radicalismo interpusieron una medida cautelar para que el Tribunal electoral no le entrega el certificado al concejal número 11 del FPV para “esperar la resolución y no tener que herir la representatividad del Concejo Deliberante en el caso de que le corresponda al que reclama”, argumentó D´Agostino. “La Constitución dice que se deben contar los votos efectivamente aplicados a la lista partidaria y eso no ocurrió por que –según la ley electoral- se cuentan los votos en blanco”, hizo notar el dirigente que alertó que “el sistema electoral no tiene que violar la constitución” y señaló que la Carta Magna provincial desde 1933 (con ratificación en la reforma de 2008) establece que deben contarse para la distribución de bancas los votos afirmativos. “Nunca nadie lo había reclamado”, advirtió. Además, D´Agostino puso en aviso que tampoco se tuvo en cuenta la cantidad “impresionante” de empleados públicos que integraron las listas, teniendo en cuenta que la Ley de Municipios establece incompatibilidad entre los empleos estatales y los cargos públicos. “Ahora hay que cambiar la ley o se quedan afuera todos los empleados público”.
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