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l conocido abogado penalista paranaense Marciano Martínez apuntaló el miércoles en forma oral el escrito que presentó oportunamente ante la Sala Segunda de la Cámara del Crimen. De este modo reforzó la apelación a la medida del juez de Instrucción Héctor Villarrodona que admitió como prueba en la investigación del homicidio de Pedro Ruiz, el secuestro de dos teléfonos celulares y todo lo que se desprende de los datos obtenidos en ellos. Los aparatos habrían pertenecido a la hija mayor de la víctima y a su novio. Cabe recordar que Ruiz –empleado jerárquico del Honorable Concejo Deliberante de Paraná–, fue asesinado el 8 de noviembre de 2010 en su domicilio de calle Ituzaingó 80 de la capital provincial. A casi un año del crimen, a pedido de la fiscal Carolina Castagno y del querellante Marcos Rodríguez Allende se imputó a la viuda de la víctima, Alejandra Clivio; a su pareja extramatrimonial, Ramón Villalba; y a dos menores del entorno familiar. Instancia La audiencia del miércolesse realizó a puertas cerradas, por lo que el periodismo no pudo acceder al recinto, debido a que dos de los imputados aún son menores de edad, según se explicó. No obstante, ya en los pasillos, se comentó que Marciano Martínez expreso oralmente de manera encendida su descontento respecto al manejo del querellante y su estrecha relación con la prensa, sacando a relucir varias páginas con notas periodísticas sobre el avance de la causa. Por cierto, el constitucionalista y docente de la carrera de abogacía, defendió a capa y espada en este informe in voce su posición expresada previamente por escrito, en la cual solicitó la nulidad de las pruebas incorporadas en relación a los teléfonos celulares. Consultado periodísticamente luego de la audiencia, Martínez aclaró: “inesperadamente tuve que asistir a la audiencia que se realizó en la Sala II, donde habíamos hecho un recurso de apelación, porque solicitamos la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares de las menores”. Al parecer, el letrado no habría recibido la notificación formal sobre la realización de la audiencia. Sobre su posicionamiento, el defensor recordó que los celulares “fueron llevados por el tío de las menores, a la justicia, sin que nadie lo pidiera; no había ningún imputado, lo entregó por su propia cuenta. Estimo que es de una nulidad absoluta, porque los celulares están identificados con los documentos privados y la correspondencia privada. La Constitución no pudo hacer referencia porque se hizo hace 180 años, pero hay que adecuar a los cambios tecnológicos”. Réplica Por su parte, el abogado Rodríguez Allende indicó: “El señor defensor cuestionó el acta de secuestro de dos celulares que, para esta querella son fundamentales como prueba y que determinan la culpabilidad de varios imputados. De uno de ellos se desprende en un claro mensaje enviado por la hija mayor de Pedro Ruiz a su novio, donde pone de manifiesto un ‘trabajo’ que se iba a realizar, que su madre ya iba a tener ‘la plata’ y que debían hacerlo ‘sin testigos’. Como segundo punto surge una innumerable cantidad de llamadas entrantes y salientes en horas de la madrugada y minutos antes del homicidio”, relató el querellante. Rodríguez Allende manifestó además que en la audiencia realizada ante el Tribunal de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen: “puse énfasis en que no ha habido ningún tipo de irregularidad en el secuestro de los celulares y que evidentemente lo único que se está intentando es dilatar los pasos procesales, en una causa en la que el juez de instrucción debe resolver inmediatamente la situación procesal de los imputados”, sostuvo. Asimismo aclaró ante la misma sala que, a su criterio, “esta investigación se encuentra agotada y que su compromiso de demostrar la responsabilidad de los mismos es justamente tener el juicio oral y público ante el Tribunal de la Sala Primera”. Finalmente, ante las duras críticas de Marciano Martínez hacia el querellante por su relación con el periodismo y por el enfoque de la causa contestó: “El defensor piensa que atacar al periodismo y a esta parte querellante es cumplir con el fiel ejercicio de su defensa. Esto resulta altamente equivocado, porque en este intento de confundir la investigación, el que no esta respetando el debido proceso es justamente el propio defensor”, dijo Rodríguez Allende, quien remató: “Justamente, fue el señor Walter Clivio -uno de los hermanos de la imputada–, quien sin coacción, fuerza o intimidación entregó voluntariamente dos celulares en el juzgado de Instrucción interviniente. Lógicamente, que al conocer los resultados que incriminan seriamente a Alejandra Clivio, se pretendió ahora desviar el curso natural de la investigación judicial y es la razón por la cual se ha iniciado un proceso nuevo por falso testimonio a los hermanos de la imputada”.