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a notificación a la jueza Elisa Zilli tiene fecha del 27 de diciembre de 2011. A la encargada del Juzgado de Instrucción número 8, el subcomisario Luis Alberto Geuna le informa de tres denuncias radicadas en la Comisaría Segunda por contratados de la Municipalidad de Paraná. La primera corresponde a un joven de unos veinte años –cuya identidad se preserva– que afirma ser contrato desde el mes de septiembre “en la Unidad número 3, correspondiente al sector de recolección de basura (en la zona de Barrio Santa Lucía y San Agustín)”. Afirma que “desde que empezó a trabajar, el ciudadano Gazano” quien se desempeñaba como “subdirector de la unidad Número 3, mensualmente le ha venido sacando de su sueldo la suma aproximada de $300”. El denunciante afirma que desconocía la “causa” de esa retención y el “destino” que tenía ese dinero “ya que sólo es una directiva que hay que cumplir en la Unidad” porque de lo contrario “se nos termina el contrato”. Obras Sanitarias La segunda denuncia es de otro joven de aproximadamente la misma edad que el anterior, que se presenta como contratado de la Municipalidad desde hace un año y cuatro meses, desarrollando funciones “en Obras Sanitarias, sector de agua”, en avenida Ramírez. El escrito policial cuenta que “hace aproximadamente seis meses” que el denunciante “ha venido teniendo inconvenientes con un ciudadano de apellido Palacio, quien se encontraría trabajando en el sindicato de empleados municipales (Suoyem)”. Se indica que el joven contratado “mensualmente le ha tenido que remunerar la suma de $300, desconociendo para qué son destinados los mismos”. El joven afirma que ese “aporte” se impone a “todo el personal contratado” pero no a los empleados de planta permanente. Y que “en caso de no aportar esa suma, el mes siguiente cobran menos ya que le sacan dicho importe al momento de cobrar”. Precisa que cobra por débito automático. Teatro La tercera denuncia corresponde a una mujer de más de 30 años que lleva cuatro años como contratada del municipio y desarrolla funciones en el Teatro 3 de Febrero, como ordenanza de limpieza. “Desde que se encuentra contratada, la declarante ha tenido que aportar todos los meses al momento de su cobro la suma de $200 y $300”, se lee en el escrito elevado a la jueza. Como en los casos anteriores, la denunciante afirma desconocer el destino que se le da a ese dinero y manifiesta que “debe aportarlos ya que en una reunión en el Sindicato de Empleados nos manifestaron que debíamos aportar esa suma y en caso de no aportar corre peligro que nos dejen sin trabajo”.