Jueves 19 de enero de 2012
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Interés general
Advirtieron que la Legislatura entrerriana dilata el cobro a pooles de siembra
La postergación del tratamiento del proyecto por el que se modifica la ley de uso y tenencia de la tierra, impide el cobro de impuestos a los pooles de siembra en Entre Ríos. De esta forma, los pequeños y medianos productores se asfixian.
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Bel renovó las críticas hacia el esquema de concentración en el uso de tierras.

L

a Legislatura entrerriana posterga el debate del proyecto que modificará la Ley Nº 9816 que nunca fue reglamentada, por lo que el gobierno aún no cobra el tres por ciento del valor total de los granos a transportar a los pooles de siembra, por el derecho de uso de tierras cultivables. “El año pasado el Ministerio de la Producción realizó una actualización de la ley en base a la Constitución de 2008, ya que el Ejecutivo entendió que existe más base y sustentos para llevarla adelante, por lo que el proyecto se envió al Senado y pasó a comisión”, recordó Bel. En ese contexto, el productor explicó que la organización agraria “solicitó audiencia con los legisladores, pero aún no se pudo concretar”, e indicó que el ministro de la Producción, Roberto Schunk, “está interesado en que la Legislatura trate el proyecto para que se implemente la nueva Ley”. Aseguró que el espíritu de la norma que deben tratar los diputados y senadores “establece diferenciación sobre los productores entrerrianos y un mecanismo para que lo que se produce se comercialice en la provincia y eso es importante para preservar a los pequeños y medianos productores”. Algunos datos La norma fue publicada el 28 de diciembre de 2007 y establece que por la utilización de tierras ubicadas en la provincia a los fines de los cultivos de cereales, oleaginosas o forrajeras para la obtención de granos, se abonará un derecho de uso de tierras cultivables. Están obligados a pagar ese derecho de uso los titulares registrales de “tierras cultivables” ubicadas en Entre Ríos y los productores agrícolas, ya sean personas físicas, jurídicas o entes de cualquier naturaleza que utilicen, en forma directa o indirecta y bajo cualquier modalidad contractual, inmuebles rurales de propiedad de terceros ubicados en la provincia a los fines del cultivo de cereales, oleaginosas o forrajeras para la obtención de granos. Sin embargo, el gobierno no cobra aún el derecho de uso por la falta de reglamentación de la norma, ya que envió un proyecto al Senado que completaría la regulación existente.
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