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ras afirmar que la estructura de personal está “colapsada” en la Municipalidad de Paraná y que con 6.690 empleados “las posibilidades de sustentabilidad del municipio son el aumento de tasas o la disminución de servicio públicos prestados”, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Grand planteó la necesidad de “escuchar otras expresiones sociales” respecto del planteo que hace un “grupo” de empleados municipales que “amenazan con acciones violentas en el caso de no obtener lo que quieren”. “Sería muy provechoso conocer lo que piensan otros colectivos sociales que también se preocupan por el desarrollo de la ciudad para saber si efectivamente quieren destinar el 80% de los recursos de la municipalidad a una planta de empleados incrementada un 50% durante la última campaña política”, desafió. “Si no intentamos fortalecer las instituciones públicas para que puedan resolver progresivamente los problemas sociales y permitan generar condiciones de desarrollo estamos dando paso a aquellos que plantean que el Estado no debe intervenir, que hay que privatizarlo y todos esos discursos que tanto daño le hicieron a nuestra democracia y que circularon hace muy poco en la Argentina, no generemos el caldo de cultivo para que resurjan”, instó. Grand afirmó el presupuesto municipal para el año 2010 estaba compuesto por un total de $ 289.800.000 (ordenanza 8.884) “de los cuales $ 199.600.000, casi el 80% del presupuesto, se destinaron al pago de sueldos de los 4.830 empleados que reconocía el gobierno municipal en aquel momento”. “Este número era cuando menos preocupante sobre todo si comparamos con Santa Fe, por ejemplo, donde según su presupuesto para el mismo año, la planta de empleados municipales asciende a 4.352 personas, 500 menos que en Paraná, solo que Santa Fe tiene 45% mas población”, cotejó. Para el funcionario “lo que resulta aún más alarmante es que, según las respuestas al pedido de informe de transición realizado al ex intendente Halle, se ha manifestado públicamente, que en la actualidad la planta de empleados municipales asciende a 6.690 personas. Esto significa que en el lapso del último año se han realizado 2.338 nuevos contratos”. El viceintendente precisó que “durante la campaña por la reelección la administración anterior incrementó la planta de empleados municipales en más del 50%”. Subrayó que esta situación que en principio atañe a las autoridades municipales actuales “es un problema de todos los paranaenses, dado que los funcionarios salientes han dejado una bomba de tiempo, no al nuevo gobierno municipal, sino a toda la ciudadanía, ya que de sostener a los 6.690 empleados, las posibilidades de sustentabilidad del municipio son el aumento de tasas o la disminución de servicio públicos prestados”. “Eficiente es un municipio que, con sus recursos, logra garantizar ciudadanía para sus habitantes de manera creciente y sustentable lo cual no es posible si el 80% de los recursos se destina al pago de sueldos”, remarcó. “Vale aclarar que el costo que genera para la administración la contratación de personal no está dado solamente por el salario, ya que, si realmente se espera que los empleados cumplan con una labor especifica, deberíamos calcular también el costo de los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misma en condiciones dignas (herramientas, transporte, mobiliario, etc)”, agregó. Grand calificó de “extorsiva” a las manifestaciones que el sindicato realiza para que “se garantice la continuidad de los contratos realizados en la campaña proselitista” por parte del sector político que se ubicó “en tercer lugar” en las pasadas elecciones. “La decisión definitiva será tomada finalmente por quienes han sido democráticamente electos por el voto popular, justamente para eso, decidir, soportando las presiones, los aprietes y berrinches de algunos sectores que no ven más allá de su ombligo”, adelantó y sentenció: “Quien ejerce el gobierno debe bregar por los intereses de toda la ciudadanía y no de un sector en particular”. Tras citar a la Presidenta de la Nación advirtiendo que “cuando a una organización sindical le importa solamente lo que le importa a sus afiliados es una corporación, y quiero sindicatos solidarios con todos los argentinos”, Grand planteó: “Nosotros necesitamos lo mismo, sindicatos solidarios con todos los paranaenses”. “Algunos funcionarios reducen la tarea de gobernar a sostener actitudes demagógicas hacia ciertos sectores, desdeñando la capacidad transformadora de la política. Tal actitud se debe probablemente a la falta de creatividad y capacidad para el ejercicio del gobierno y a que la demagogia seguramente conviene a los intereses personales de quienes la ejercen”, analizó. Es por ello que “debemos concentrarnos en promover el desarrollo de la ciudad encontrando una articulación virtuosa entre lo justo, lo democrático y lo sustentable”, sintetizó. “Sabemos que muchos paranaenses viven en la pobreza y que la garantía de sus derechos debe ser la prioridad a la hora de pensar políticas públicas pero creer que la solución es realizar contratos en la administración pública no solo es minimizar el problema sino, además, atentar contra su resolución ya que destinar el 80% del presupuesto municipal al pago de sueldos necesariamente implica no contar con recursos para financiar políticas que impacten colectivamente y se sostengan en el largo plazo”, argumentó Grand. Grand denunció que “algunos personajes pretenden justificarse diciendo que los contratos se hicieron con el fin de “garantizar el plato de comida de los compañeros”, pero ese uso mercantil de las necesidades de las personas lo único que garantiza es una deuda de parte de quien recibe la prebenda para con quien la da. Esa forma de manejar los recursos públicos generalmente se conoce como clientelismo político, justamente por el tipo de relación que instaura”. “En el intercambio del clientelismo, la dádiva satisface a quien la otorga pero el que la recibe queda confinado al lugar de la inacción. La lógica de la beneficencia no aborda al sujeto desde el derecho y solo el reconocimiento de derechos origina ciudadanía. La necesidad de ser “protegidos” de la lógica asistencialista, reduce a las personas a sujetos pasivos a la espera de beneficios y los excluye de la posibilidad de generar y participar activamente del desarrollo de la ciudad”, destacó Grand. El presidente del Concejo marcó que “el rol del Estado no es contratar empleados públicos haciendo cada vez más imposible la garantía de acceso a todos los otros bienes sociales cuya redistribución es su responsabilidad. Las políticas de empleo deben encararse desde una lógica del reconocimiento a la persona humana tendiendo a la autodeterminación de los sujetos y no haciéndolos rehenes de una u otra fuerza política”. En este marco, planteó como el “gran desafío” de la política a la generación de las condiciones para que se puedan desarrollar “actividades productivas que permitan a las personas proveer su sustento mediante el trabajo”.