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e reunió la Comisión de Producción de la Cámara Alta para continuar el trabajo sobre el proyecto de ley que modifica la norma que rige la conservación de suelos en Entre Ríos. El expediente ha sido objeto de varias reuniones en el último mes y esta tarde estuvieron representantes del Ejecutivo para oír su opinión y conocer sus puntos de vista sobre aspectos operativos de la norma que se propone. En ese sentido, se intenta encontrar un modo de aplicar de un sistema que ponga límites a quienes no están radicados en la provincia y realizan actividad productiva en campos alquilados. Al respecto, el ministro Schunk destacó que “aquí de lo que se trata es defender el suelo, para nada se verán afectados los productores pequeños y medianos”. Así, resaltó que “obligamos con esta norma a que todos deban realizar trabajos de conservación de nuestro patrimonio fundamental que es la tierra”. Asimismo, consideró: “Proponemos parámetros claros. Esto está pensado para los grandes, para los que no atienden lo establecido por la Constitución”. El proyecto propone que por la utilización de tierras cultivables ubicadas en la provincia de Entre Ríos destinadas al cultivo de cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos se abonará un “Derecho de Uso de Tierras Cultivables”. A su vez, establece que están obligados al pago de ese gravamen los titulares o responsables de los granos y, en caso de sacarse los mismos de la provincia, estos no podrán ser retirados hasta tanto no abone ese derecho. Además, se propone la creación del “Registro Único de Productores Agrícolas de Entre Ríos (R.U.P.A.E.R.), para inscribir los propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios o quienes exploten, por cualquier título legítimo, por cuenta propia o de terceros, tierras cultivables en el territorio provincial con el objeto de cultivar cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos, debiendo acreditar los requisitos que al efecto establezca la Reglamentación”. Los sujetos, de fuera de la provincia, quedarán obligados a la ejecución de los programas de uso y conservación de suelos para una agricultura sostenible. De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo quedará facultado a dictar todas las normas que resulten necesarias “para la implementación y funcionamiento del citado Registro y, en especial, a establecer requisitos vinculados a categorías de productores, diversidad y rotación de cultivos, uso de fertilizantes, desmontes, y todos aquellos aspectos que tiendan a evitar prácticas que distorsionen la explotación y/o comercialización sustentable, priorizando el desarrollo económico-social del pequeño y mediano productor residente en Entre Ríos, desalentando la especulación y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas”.