E

ste lunes comienza el juicio por corrupción en Gualeguaychú, en la causa que investiga la desaparición de, aproximadamente, tres millones de pesos. El hecho fue denunciado por el entonces intendente Daniel Irigoyen, tras la confesión de Mariela Watters, empleada del área de Tesorería, el 30 de junio del año 2005. La causa de Tesorería, que incluyó el faltante de 3,5 millones de pesos en la Municipalidad de Gualeguaychú, marcó el inicio de la caída política de Militancia Peronista-Nuevo Espacio luego de 15 años de hegemonía. El contador Ángel José Giménez, que era el tesorero, permaneció detenido varios meses, hasta que se dispuso que permaneciera en libertad durante el proceso. Los imputados son: el entonces tesorero municipal, Ángel José Giménez, por peculado en 91 hechos; Néstor Pérez, entonces Secretario de Hacienda, por malversación culposa reiterada; por el mismo cargo, el entonces Intendente Municipal, Daniel Irigoyen; y el contador Pedro Pomés, por omisión de deberes del cargo. El peculado –el robo a las cuentas públicas por parte de quien debía administrarlas- prevé penas de 2 a 10 años, pero en el caso de Giménez, por cada uno de los hechos se le suman diez años, por lo cual su eventual condena pasa de 2 a más de 100 años, ya que fue procesado por múltiples hechos. La excarcelación de Giménez fue dispuesta en 2006, luego de que se hiciera cargo de la fianza impuesta por la Justicia, de 200 mil pesos, ya que la abogada defensora del contador, la temperamental María Amelia Angerosa de Céspedes, entregó la escritura de la casa en la que Giménez viviera en los últimos años, ubicada en calle Paraguay al 74 a dos cuadras del centro. En su declaración, Giménez dijo que el problema de la Tesorería se produjo debido al "descalabro general" que existía en la comuna, y aseguró que "la plata se perdió en medio de un gran desorden administrativo". Precisó Gimènez que, en medio de tal desorden se realizaban numerosas contrataciones directas en la Municipalidad de Gualeguaychú. En tal sentido, dijo que los problemas fueron marcados reiteradamente por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Asimismo, dijo que al menos el intendente Daniel Irigoyen tendría responsabilidades políticas en lo que sucedía. Según trascendió inicialmente, los investigadores sospecharon que desviaba fondos municipales hacia diversas cuentas, ya que supuestamente podría haber sido un engranaje de poderosas mesas de dinero con epicentro en Buenos Aires.