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o que en un primer momento parecía un claro hecho de abuso de poder y de armas de parte de personal policial, termina siendo una situación irregular provocada por vecinos del barrio Gaucho Rivero, que tras lesionar de gravedad a una mujer -que finalmente perdió su embarazo-, acusaron a uniformados de la balacera. La Sala I de la Cámara del Crimen, al revisar el sobreseimiento dictado a policías confirmó la medida, como también el procesamiento de dos personas por los graves hechos de violencia. El 22 de mayo de 2011 hubo una balacera donde, a causa de haber recibido un balazo en el vientre, una mujer perdió su embarazo de siete meses. En la madrugada se produjo el enfrentamiento en las inmediaciones de calle 1131 y 1291 en el límite de los barrios San Jorge y Gaucho Rivero. En la contingencia fue baleada Rosana Leguizamón, de 19 años, quien se encontraba embarazada de siete meses. A causa del suceso fue derivada al hospital, donde se la intervino quirúrgicamente y se le practicó la cesárea para salvar la vida del bebé, que había sido alcanzado por un proyectil. Pese al esfuerzo de los médicos, un día después la criatura falleció. En el lugar quedaron numerosas vainas servidas, impactos de proyectiles en las casas y denuncias cruzadas entre policías y vecinos sobre las responsabilidades de las lesiones. En el arranque de la investigación, el juez de Instrucción Elvio Garzón ordenó que personal de Gendarmería realizara las pericias, como también el análisis de distintas medidas en los laboratorios de Criminalística. Con las probanzas terminadas y los testimonios de las víctimas, como de vecinos y sospechosos, el magistrado imputó por Abuso de armas a dos vecinos que atacaron a balazos a policías, y por el otro sobreseyó al jefe de la comisaría novena, quien había sido acusado de disparar con su arma a una mujer embarazada, y que a causa del incidente murió el bebé de siete meses de gestación. Tras varios meses de investigación Garzón llegó a disponer el procesamiento de Carlos Alberto Villalba (testigo clave en la causa que investigó el asesinato de la suboficial de Policía Silvia Depardón) y de un menor de 17 años a quienes encontró responsables del Abuso de armas contra personal policial de la comisaría novena. Para el juez quedó en claro que estas dos personas atacaron a balazos a los policías y pusieron en riesgo a los uniformados y a sus familiares, siendo Roxana Leguizamón la principal afectada, ya que a causa de la agresión perdió el embarazo. Otro punto de la resolución del juez que fue confirmada por la Sala I de la Cámara del Crimen, es que ordenó enviar a la Fiscalía en turno la declaración de un familiar de los dos procesados por el delito de Abuso de armas. Para Garzón se estaría frente al delito de falso testimonio de parte del padre del menor por entender que mintió en las declaraciones con el fin de perjudicar al personal policial y mejorar la situación del hijo. En esa línea, también se archivó la denuncia del padre del menor contra el personal policial, porque se determinó que la lesión que sufrió en un brazo no fue producto de un balazo de las armas de los policías. Tal herida era más antigua a la denunciada por el hombre.