E

l diputado nacional e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara baja nacional, Fabián Rogel, hizo público el proyecto de ley de su autoría que deroga la Ley N°17.319 Ley de Hidrocarburos (del gobierno de de facto de Juan Carlos Onganía). En ese sentido, Rogel sostuvo que “este proyecto es la conclusión de un trabajo de mas de 15 años de seguimiento e investigación que hemos realizado conjuntamente con la Fundación Illia, con trabajos del Grupo Moreno, y las acciones llevadas adelante el expresidente de la Convención Nacional de la UCR Osvaldo Álvarez Guerrero, y el actual presidente Hipólito Solari Irigoyen”. Asimismo, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, indicó que “este es el primer proyecto integral de una nueva ley de hidrocarburos para la Nación que se presenta en la Cámara de Diputados de la Nación. Creo, con total humildad, que estamos presentando una ley para el debate de todas las fuerzas políticas nacionales, y para que se sepa qué haríamos en esta materia, si el radicalismo vuelve a ser gobierno”. Al describir el proyecto, que consta de 102 artículos y 170 páginas de fundamentación, el legislador nacional destacó que “se vuelve a la concepción que hiciera grande a YPF y por el cual se desarrollara la República Argentuna estableciendo que es el Estado nacional es quien tiene la jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos. Se define a los hidrocarburos como parte de la política de desarrollo nacional y se revierten las concesiones y contratos que se otorgaron violentando la actual Ley N° 17319”. Además, según describió Rogel, YPF “se nacionaliza y se transforma en Sociedad del Estado, no como la recientemente creada sociedad anónima. De este modo, pasa a ser quien contratara con empresas privadas la extracción de petróleo a través e contratos de asociación”. Y agregó que con esta nueva ley se termina “el vergonzoso proceso de concesiones y se revierten al Estado Nacional la existentes, previa auditoria de lo sucedido desde su otorgamiento. Además, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación las fuentes y depósitos de petróleo y de los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo o surjan a la superficie de la tierra, que hayan sido concedido a empresas por parte del estado nacional o los provinciales”. En tanto, se explicó que se vuelve a establecer el impuesto al crudo procesados que sera del 12% y que “se destinara exclusivamente a la construcción de represas hidroeléctricas y al desarrollo de energías alternativas". Finalmente, indicó Rogel, si este proyecto se convierte en ley, la política de precios “será única y la establecerá la Secretaria de Energía de la Nación”.