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a diputada socialista en el Frente Amplio Progresista (Fap), María Emma Bargagna, informó que en este martes su bloque presentó un dictamen proponiendo modificaciones al proyecto de ley que crea el Fondo de Garantías de Entre Ríos S.A. En ese documento, el Fap propone una serie de modificaciones que, según indicaron "convertirían al Fogaer en una herramienta muy útil para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; lo que ayudaría a generar una importante cantidad de puestos de trabajo genuinos en el sector privado". Asimismo, en declaracion enviadas a INFORME DIGITAL, la diputada consideró que “si los ciudadanos entrerrianos tendrán que pagar todos juntos créditos que, eventualmente, no cubra una empresa privada, entonces más vale que sea para promover las economías regionales y para desarrollar un perfil productivo claro, privilegiando las zonas más postergadas de la provincia, como por ejemplo el norte”. A su vez, propone la profesionalización del consejo de vigilancia que crea la ley como mecanismo de control interno, y la incorporación del Tribunal de Cuentas como organismo de control externo. En tanto, Bargagna aclaró que “la Fiscalía de Estado carece de facultades para nominar un integrante del consejo de vigilancia, excediendo la ley orgánica que rige su funcionamiento y desnaturalizando el rol que le otorga la constitución en su artículo 209. Su misión es otra”. Y agregó que "el proyecto es contradictorio en su articulado, con el espíritu que se manifiesta en sus fundamentos". Por ello, el FAP propone la conformación de un directorio más amplio, que mantenga la mayoría estatal pero que esté integrado por todos los sectores interesados, divididos en distintas categorías de accionistas. Así, el directorio tendría 6 miembros en lugar de 3 (la mitad de ellos designados por el Poder Ejecutivo), 1 director elegido por los accionistas clase B (entidades empresariales o grandes empresas), 1 director elegido por los accionistas clase C (fondos de garantías de particulares o entes públicos) y 1 director elegido por los accionistas clase D (micro, pequeñas y medianas empresas adheridas al sistema). Estos últimos no están considerados en el proyecto original y el FAP considera importante integrarlos en el proceso de decisión.