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os estatales nacionales víctimas del terrorismo de Estado, que figuran como cesantes o suspendidos, entre otros eufemismos, ahora tendrán en sus legajos la inscripción “detenido-desaparecido”. Lo resolvió por decreto la Presidenta. Es el caso del entrerriano Sixto Francisco Zalasar, empleado ferroviario secuestrado en Concordia el 26 de mayo de 1976 Así lo resolvió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto Nº 1.199 del 19 de julio, publicado ayer en el Boletín Oficial. El caso de Zalasar, quien trabajaba en el ferrocarril al momento de su desaparición, es uno de los que fueron llevados a juicio en la causa Harguindeguy, que tramita actualmente ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Se trata de una expresión de reparación histórica y una corrección de las adulteraciones con que la dictadura cívico-militar falseaba las desapariciones en los legajos de quienes revistaban en la Administración Pública Nacional, por ejemplo dejando “cesantes” a esas personas. Además de la inscripción “detenido-desaparecido” se agregará el número de registro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep). De la misma manera se procederá en toda documentación oficial en las que las personas que integran la nómina incluida en el decreto estuvieran mencionadas como dadas de baja. Asimismo, la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa tendrá a su cargo la coordinación para la reparación documental respecto de los empleados en similar situación en las restantes jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional. En estos casos, se recabará la conformidad del Archivo Nacional de la Memoria y de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, dice el decreto. Esta comisión fue la que tuvo a su cargo el relevamiento del personal que resultó víctima de desaparición forzada, y todas las actividades para la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado. La misma norma dispone invitar “a las entidades sindicales con ámbito de actuación en el sector público nacional y a los organismos de Derechos Humanos a colaborar en la identificación de los trabajadores estatales víctimas del terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, con la obtención de la documentación pertinente y demás acciones a su alcance”. Eufemismos La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, junto con el Archivo Nacional de la Memoria, descubrió que se continúa consignando en la documentación del Estado relacionada con empleados públicos en situación de detenidos-desaparecidos, las denominaciones en sus legajos de “baja”, “cesante”, “suspendido”, “limitar los servicios” y “despido”. Entre los fundamentos del decreto se indica que la junta militar dispuso mediante las leyes Nº 21.260 y 21.274, despidos masivos en el que figuraban detenidos-desaparecidos. “Las autoridades de la dictadura disponían la expulsión del ámbito laboral como una acción intimidatoria y de persecución previa al secuestro y desaparición de los trabajadores del Estado”, aclara, para agregar: “Se hace necesario rectificar esta situación por constituir una flagrante adulteración documental de los sucesos reales que trajeron como consecuencia la desaparición ilegal de las personas y por ende, de su condición de empleados públicos”. Con esta medida se busca ejercer la responsabilidad del Estado de “generar las acciones de reparaciones consecuentes y asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias”. Datos Las denominaciones que aparecían en los legajos eran: “baja”, “cesante”, “suspendido”, “limitar los servicios” y “despido”.