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e la redacción de INFORME DIGITAL En la sesión del 19 de julio, la bancada oficialista del Concejo Deliberante advirtió a la concejal Sánchez que aplicarán el artículo 90 de la Ley 10.027 de Municipios que prevé la destitución de funcionarios públicos (Ver: “Qué dice la Ley”). En su intervención, el edil Jorge Carruego pidió a Sánchez que “se abstenga realizar declaraciones infundadas que agravien personalmente a cada uno de nosotros y en especial a la democracia considerada en sí misma”, por declaraciones realizadas en medios de comunicación de la localidad aunque sin hacer referencias a los pedidos de informe presentados por la legisladora municipal y aclarando que de no deponer su actitud le aplicarán las sanciones previstas en la norma mencionada. En diálogo con Radio F5, Sánchez manifestó que la advertencia sobre su proceder estuvo viciada de origen: “se hizo fuera de la orden del día. Es por lo menos una desprolijidad que no se atiene a lo que establece el reglamento interno”, que determina que cualquier asunto que esté fuera del orden del día debe tratarse antes del inicio de la sesión. Pedido de informes e intervención del Tribunal de cuentas La concejal radical vinculó las amenazas de destitución con una serie de pedidos de informes que realizó. “Hay una serie de irregularidades muy serias que llaman la atención no a la concejal Sánchez sino al tribunal de cuentas que pide a todos los concejales que pongamos la lupa en ese lugar y que veamos qué es lo que está pasando”, expresó. De hecho, el Tribunal de cuentas de la Provincia habría girado un oficio (Nº279) mediante el cual se reclama a los concejales “que pongan en condiciones y regularicen muchos asuntos de la Municipalidad”. Puntualmente, el órgano de contralor de las cuentas provinciales reclama –según el relato de Sánchez- enfoca la atención en “libros contables que se hacen con lápiz, hay tachaduras, enmiendas; no hay inventario de los bienes, se compró una Eco Sport de 70.500 pesos sin concurso de precios, una Ford Ranger cero kilómetro por 94.600 pesos que fue incluida en una licitación pública, hay cheques girados por 500.000 pesos sin respaldo de comprobantes, diferencias en la deuda flotante, subsidios otorgados discrecionalmente y sin respaldo legal; las cuentas en los bancos estaban en descubierto, cosa que está prohibida para los municipios, en los presupuestos nos incluían fondos recibidos de la Nación que tienen un fin específico”. La edil también enumeró los pedidos de informe de su bancada “con respecto al crecimiento de la planta de personal, las tareas que desempeñan algunas personas que han sido designadas dentro del municipio que no está claro y que cobran sueldos que no tienen relación con la tarea que desempeñan”. También contó que pidieron datos sobre las maquinarias, asegurando que se utilizan fuera de horario; se pide aclarar si hay personas designadas a cargo, si están especializadas, en qué condiciones están los vehículos porque habría algunos con patente vieja, por loo que suponen no deben tener el seguro correspondiente. Sánchez continuó con la larga lista en la que incluyó la observación de “desprolijidades” sobre los proveedores municipales: “el presidente del concejo deliberante es proveedor del Estado, al igual que otros concejales, que está prohibido por la Ley 10.027”. “Ninguno de estos pedidos de informe fue respondido argumentando la falta de firmas”, lamentó la legisladora radical. Para solicitarlos se necesitan cuatro firmas, que no llegan a ser reunidas incluso si se juntaran los dos bloques de la oposición.