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l juez de Instrucción Elvio Garzón dispuso este viernes la excarcelación de dos de los ocho integrantes de la familia Waigel, que estaban detenidos y acusados por el delito de quiebra fraudulenta de la empresa familiar. Se trata de los hermanos Andrea Carina y Juan Pablo Waigel, respecto de quienes el magistrado aceptó los bienes que ofrecieron para hacer frente a la fianza de $100.000 pesos que había fijado para cada uno de ellos. Los hermanos excarcelados son hijos del fallecido empresario Fermín Waigel y de Rosa Inés Butazzoni, que permanece detenida bajo arresto domiciliario en Crespo. Según indicaron fuentes judiciales, Andrea y Juan Pablo fueron liberados durante la mañana del viernes, después que se admitieran los bienes que presentaron como garantía de que se ajustarán a derecho, ante la imposibilidad esgrimida por los detenidos de abonar en efectivo los $100.000 que el juez les había fijado como caución. En tanto, los otros integrantes de la familia continúan detenidos: Artemio Waigel, su esposa María del Carmen Schroeder y su cuñada Rosa Inés Butazzoni se encuentran bajo arresto domiciliario por ser mayores de 70 años; mientras que Artemio Waigel (hijo), Miguel Waigel, Maricel Alejandra Waigel y Nancy del Carmen Waigel permanecerán alojados en la alcaidía de tribunales y en la Comisaría 5ª durante el fin de semana. Para ellos, también se fijó una fianza de $100.000. El juez Garzón dispuso también una custodia policial permanente para los integrantes de la familia, tanto para evitar la fuga de quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, como también ante la posibilidad de que se produzcan incidentes con los ahorristas afectados por la quiebra de la empresa. Asimismo, el magistrado decidió levantar el secreto de sumario en la causa que tiene a los ocho integrantes del clan como imputados en calidad de coautores del delito de quiebra fraudulenta de sociedades. En tanto, el fiscal Ignacio Aramberry, no descartó “ampliar las imputaciones a otras personas, para lo cual se han solicitado distintas medidas de prueba y se está analizando la documentación secuestrada en los distintos allanamientos, a fin de establecer las responsabilidades que pudieron tener los profesionales que asesoraban a las empresas en las maniobras fraudulentas”. De todas maneras, prefirió ser cauto al respecto ya que “la maniobra utilizada en este caso es muy compleja e intervino mucha gente y hay que analizar con atención toda la documentación”. Mientras tanto, este viernes continuó el desfile de testigos, con la comparencia de antiguos empleados de una empresa cementera que era parte del Grupo Waigel y la semana próxima continuarán las declaraciones testimoniales. Por su parte, los abogados defensores pudieron, por primera vez, acceder al expediente donde constan las pruebas que se han producido y que sirvieron para las imputaciones contra quienes fueron, en distintos momentos, integrantes del Directorio de la empresa Miguel Waigel y Cía. SA. “Recién hoy (por el viernes) pudimos ver el expediente y estamos interiorizándonos en la causa, pero el cúmulo de información es bastante amplio y llevará un tiempo importante leer todo el expediente”, explicó a El Once TV el abogado Jorge Sueldo, que asiste a algunos integrantes de la familia. A su turno, Miguel Cullen, codefensor, señaló a Radio de la Plaza que los imputados “dicen que lo que les pasó es una situación de quebranto, como le ocurrió a miles de empresas en este país” y dijo estar “convencido” de la inocencia de sus defendidos. Quiebra y denuncia Lo que se trata de establecer en la investigación judicial que lleva adelante el juez Elvio Garzón son las supuestas maniobras irregulares que sirvieron para insolventar a la sociedad anónima y perjudicar a los ahorristas y acreedores de la firma que, además de comercializar materiales para la construcción, desarrollaba actividades financieras. La causa penal no fue promovida por los damnificados, sino por la Sindicatura, a cargo de los contadores Abelardo y Valentín Cerini, que intervino en el proceso de quiebra. En ese expediente figuran 1.357 acreedores, cuyo capital se ubica en $33.467.149,18, y alrededor de 60 empleados, cuyos contratos fueron cancelados; mientras que la firma tiene deudas con la Dirección General de Rentas (DGR) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por un total de $1.975.947,72. Para los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre está prevista una subasta, sin base, al contado y al mejor postor, de los bienes muebles que quedaron de la firma que la Justicia determinó que está quebrada.