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e la redacción de INFORME DIGITAL Desde la Coalición Cívica ARI expresaron su preocupación y rechazo a la norma propuesta por el senador César Melchiori que tiene por objeto regular el Sistema Provincial de Servicios Sanitarios en el territorio de la provincia de Entre Ríos, ya que consideran que “atenta contra el acceso libre a un bien vital como es el agua potable y pretende debilitar profundamente a las cooperativas de nuestra provincia”. De esta manera se suman a las críticas del presidente de la UCR, Jorge D´Agostino, quien también acusó al dirigente del Frente para la Victoria (FpV) de “privatizar el suministro de agua potable”. La presidenta del partido y ex convencional constituyente, Adriana de la Cruz de Zabal, recordó que “en el marco de la convención trabajamos más de 8 meses con el resto del cuerpo, para redactar una Constitución Provincial que cuide y respete los derechos humanos de los entrerrianos y donde expresamente se prohíbe la privatización del servicio de agua potable”. Entonces, afirmó, “de aprobarse este proyecto de ley el mismo sería abiertamente inconstitucional, desconociendo la letra del artículo 85 de la Carta Magna provincial que dice expresamente que ‘El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado’”, argumentó en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. Asimismo desde el sector que tiene como referente a nivel nacional a Elisa Carrió, manifestaron que ven “con muchísima preocupación el intento por debilitar el funcionamiento de las cooperativas y la regulación expresada por el artículo sexto de este proyecto de ley donde se establece que serán considerados las personas jurídicas privadas que provean los servicios públicos de agua potable y de desagües cloacales estableciendo requisitos estimulantes para que los particulares se presenten a competir por el servicio, en una clara afrenta al espíritu que la Convención Constituyente busco plasmar en el texto luego de ricos y laboriosos debates”. En el mismo sentido la CC-ARI acusó al gobierno provincial y arremetió contra el Partido Justicialista que “históricamente ha utilizado las acciones de gobierno para llevar a cabo negocios oscuros, actos de corrupción, con poca transparencia y menor preocupación por el patrimonio de los entrerrianos”. Por su parte la dirigente ambientalista y ex candidata a diputada nacional por la CC-ARI, Rosa Hojman, aseveró que es “un claro intento de avasallamiento del derecho al agua potable del pueblo entrerriano y de transformar el agua en un bien mercantil que pueda ser comercializado bajo las reglas tradicionales del mercado, cual neoliberalismo de los años 90”. “El agua se encuentra en peligro en Entre Ríos: no solo por este intento privatizador, a escondidas y a las apuradas, que desconoce el acceso al agua potable como derecho humano fundamental e inalienable para todas las personas, sino también por las crecientes amenazas que significan el avance del fracking (fractura hidráulica) para la exploración no convencional de combustibles o la propagación de proyectos termales sin un marco jurídico que otorgue sustentabilidad en el tiempo a los mismos”, finalizó diciendo. Por último los dirigentes de la CC-ARI propusieron avanzar con una regulación “profunda del marco normativo provincial sobre la gestión de aguas, en un proceso abierto y participativo, que contemple la voz y la visión de los distintos sectores sociales, conforme a lo estipulado por el Acuerdo Hídrico Federal que nuestra provincia ha suscripto”, concluyen.