Domingo 03 de marzo de 2013
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Política
Justicia: para García una reforma en Entre Ríos "sería innecesaria"
El titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia defendió el sistema de selección de magistrados y funcionarios que existe en la provincia. Recordó que la mejor garantía para los ciudadanos es un juez con buena formación.
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"El Consejo ya tiene representantes de la sociedad civil", dijo García.
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J

orge Amílcar García, el funcionario que encabeza el órgano autónomo de los fiscales en Entre Ríos distinguió que “el Poder Judicial tiene una composición fundamentalmente orientada al concepto de República, y no tanto al de la decisión de las mayorías. Al estructurarse el Estado en tres poderes, se le asigna al judicial no sólo el rol de definir los conflictos de intereses entre los ciudadanos o de estos con las normas, sino el papel más importante, que es controlar a los otros dos poderes. La función más delicada, compleja y rica en términos institucionales es la del control de constitucionalidad, es decir, establecer cuando hay una transgresión del Ejecutivo o del le-gislador a los principios fundamentales de la Constitución. Esa es la tarea central del Poder Judicial y es absolutamente contradictoria con el principio de la elección popular. Por eso los jueces duran mientras dure su buena conducta, porque no pue-den estar al albur de las peripecias de las mayorías, y de alguna que otra tentación de absolutizar el poder”, advirtió. –¿En qué beneficia al ciudadano esa independencia? –Es la mejor garantía para los ciudadanos, porque el derecho no está para defender a los fuertes, sino a los débiles. Los monarcas nunca necesitaron del derecho. Quien manda en un momento y quiere cada vez más atribuciones, no debe olvidar que su poder es efímero. Y cuando se pierde, la mejor garantía es un juez independiente, que se guíe por la ley y no por el amiguismo. –¿Por qué se habla de la necesidad de democratizar la Justicia, y cuál es la situación en Entre Ríos? –La Justicia en Argentina está organizada en términos federales, y cada provincia tiene su propio sistema judicial. Si hay una disputa en el fuero federal o en Buenos Aires no tiene nada que ver con lo que pasa en Entre Ríos, donde hay una tradición centenaria de respeto de los otros dos poderes por la independencia del Poder Judicial. No le tenemos miedo a la discusión sobre la transparencia y todas las posiciones ideológicas de ese debate son respetables. Esta tradición de la que le hablo, incluso se ha enriquecido con creaciones constitucionales como el Consejo de la Magistratura. El sistema de preselección de magistrados y funcionarios entrerriano es un modelo frente a los mecanismos de otras provincias. Cuando se planteó la posibilidad de incorporar esa institución a la Constitución opiné que la composición del consejo es un hallazgo, que debía conservarse tal cual había nacido. Tiene inserción ciudadana en la discusión del proceso de preselección de jueces y funcionarios, por la participación comprometida de las asociaciones intermedias. Además, es un órgano honorario, sin una estructura elefantiásica como la del consejo a nivel nacional, y con una tarea funcional específica de designación. Tiene absoluta transparencia y ese gran valor institucional que significa el hecho de que los abogados impresentables no puedan siquiera anotarse en un concurso. En cambio, a nivel nacional se creó una estructura gigantesca, una especie de corte rival, donde las peleas son enormes, y hay una tendencia a direccionar los nombramientos. –¿Entonces es acertada la propuesta presidencial de elegir por el voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura nacional? –No lo veo posible. Es un órgano que decide sobre la idoneidad científica y moral de quienes van a desempeñar el control de constitucionalidad. En Entre Ríos una reforma así sería innecesaria, porque el Consejo ya tiene representantes de la sociedad civil. Y a nivel nacional, dudo que la Constitución admita una interpretación que permita ese mecanismo de elección. Además, el consejo no designa magistrados. Son el Ejecutivo y el Senado, dos poderes de elección popular, los que eligen a los jueces y funcionarios. –Lo que se esgrime para plantear la necesidad de democratización es un cierto carácter aristocratizante del Poder Judicial. –Plantear eso en Entre Ríos sería un absurdo. En los Tribunales de la provincia hay una participación igualitaria de todos los sectores sociales. La única exclusión para acceder a los cargos es la de la educación, cuya superación es una tarea pendiente de toda la sociedad y no sólo del Poder Judicial. Me preocupa mucho que por allí se ande repitiendo que los hombres que ingresan a la Justicia deberían tener un mayor carácter acientífico, una especie de saber popular o contacto con el pueblo, es decir, una noción de que el excesivo academicismo aleja de los problemas comunes de la gente. Eso es un pseudo argumento falso y perverso. Me pregunto si quienes sostienen esas ideas, al momento de querer sanarse de alguna enfermedad buscan al médico más estudioso o acuden al curandero más popular. El derecho también es ciencia. Decidir si hay una quiebra fraudulenta o no, es una cuestión compleja, de la cual depende la li-bertad de las personas, y no puede quedar librada a que alguien tenga una intuición de culpabilidad. –Pero hay decisiones judiciales muy cuestionadas por la opinión pública. –El ciudadano puede cuestionar una decisión judicial, y no tiene obligación de pensar racionalmente. Puede tener favoritismos, sed de venganza, o una visión intuitiva del caso. Por ejemplo, semanas atrás un grupo de hinchas de fútbol vino a pedir frente a Tribunales que liberen al jefe de la barra, porque es amigo de ellos. Mientras no quebranten normas, pueden pensar como quieran. La víctima tampoco tiene obligación de ser racional. Pero lo que no pueden hacer es erigirse en juez, porque ese es un poder del Estado. Y el juez o el fiscal tienen obligación de dejar de lado cualquier otra motivación que no sea la ley. No se trata de tibieza o dureza. Hay un derecho de las víctimas a que se esclarezcan los hechos, pero no se trata de que alguien se transforme en Torquemada y persiga como inquisidor. El juez debe operar con el principio de imparcialidad, que dice que no se puede condenar si no hay certeza. Por la complejidad social y violencia actual se tiende a depositar en el Poder Judicial el remedio de problemas que son muchísimo más profundos, como la inseguridad ciudadana, las drogas, la marginalidad y otros problemas que los jueces no solucionan porque no es su finalidad. –¿Hay aspectos para mejorar en la Justicia de Entre Ríos? –Por supuesto. Todas las reformas procesales están pensadas para superar la cuestión de los plazos. Tanto en el fuero penal como en los demás, el criterio es la mayor celeridad. También hay una deformación nuestra, de los abogados, que no fuimos educados para solucionar los conflictos sino para litigar. Todos los medios alternativos que incluyen las soluciones mediales o composicionales son avances que hay que profundizar. Extender la oralidad no sólo al juicio penal sino a los otros fueros. Modernizar el servicio con nuevas tecnologías, abreviar los procesos. Todo eso es necesario y bienvenido. Impuesto a las Ganancias Para el Procurador General está claro que “la noción de impuesto a las ganancias está orientada a gravar actividades comerciales y la obtención de rentas”, pero “nunca puede ser un impuesto al trabajo”. Y apuntó: “Hace años que (Karl) Marx definió al salario como reproducción de la fuerza de trabajo. Ningún trabajador tiene que pagar impuesto al salario. Eso es un error grosero en términos económicos y tributarios”, sostuvo. El funcionario defendió la idea de que a los magistrados no se le deben recortar sueldos ni perseguir mediante un control impositivo para garantizar su autonomía. “No tengo problemas en que me cobren impuesto a los bienes o a la riqueza, en un porcentaje fijo, que venga detallado en una boleta. El tema del impuesto a las ganancias es una cuestión efectista que se utiliza cuando se intenta desacreditar a los magistrados frente a la ciudadanía”, criticó. García recordó que en todos los tiempos hubo tendencia a querer tener jueces o cortes adictas, o que “entiendan a acompañen supuestas revoluciones o cons-trucciones épicas del poder. Todos recordamos la impresentable Corte menemista con sus fallos vergonzosos, y los denominados jueces de la servilleta. Paradójicamente, hoy se da todo este debate en un momento en que te-nemos la mejor Corte de los últimos años, con ministros impecables. Eso perpetúa la República. Y es bueno, aunque en determinado momento esos límites disgusten a alguien”.
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