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��Nosotros desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia estamos de acuerdo con las declaraciones del Procurador General, Jorge García, en relación a la organización y buen funcionamiento que en nuestra provincia tiene la institución” afirmó el Presidente de la entidad, Alberto Seró. Respecto al proyecto de reforma a nivel nacional reconoció que “a nivel Federal la realidad del Consejo es totalmente distinta”, pero aseguró no poder opinar con propiedad “hasta no ver el proyecto enviado desde el Ejecutivo y ver como sortean la cuestión constitucional”, explicó. Desde su comienzo nuestro Consejo tiene la participación activa de dos representantes de las Ong´s que colaboran en la vida institucional y constitucional de la provincia y que se complementa con el representante del gremio de Ajer, lo cual le da una conformación muy democrática” comenzó indicando el Presidente de la Asociación de Magistrados. Al respecto subrayó que la institución “se completa con dos representantes de los abogados, dos por los Magistrados, tres desde el ámbito Académico y uno por el Poder Ejecutivo, que ejerce la Presidencia”. Respecto a su mecanismo recordó que “el Consejo propone una terna surgida por puntaje al Gobernador, quien la eleva al Senado de la provincia para que efectúe la entrevista pública y vote por sí o por no. Donde incluso hemos tenido casos en los cuales la legislatura se ha pronunciado en contra, lo que claramente representa el mejor mecanismo institucional para nombrar magistrados y funcionarios, tanto para las Cámaras como para las Primera instancias, fiscales y defensores”. En este marco Seró expresó que “desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia estamos de acuerdo con las declaraciones del Procurador General, Jorge García, en relación a la organización y buen funcionamiento que en nuestra provincia tiene la institución”. Proyecto nacional En lo que respecta a la eventual reforma del Consejo de la Magistratura nacional, Seró aseguró que “hasta no ver el proyecto propuesto no podremos opinar en relación a su viabilidad y constitucionalidad”. “En principio aparece como difícil sortear este último obstáculo” comentó, pero reconoció que “en realidad a nivel nacional es otra realidad muy distinta ya que significa un enorme gasto en funcionamiento, que el nuestro no lo tiene porque los cargos son ad-honorem, y además tienen poder disciplinario sobre los jueces, que en el caso de la provincia tampoco se da”, concluyó.