E

l diputado provincial por el oficialismo, Juan Carlos Darrichón, fue sobreseído en una causa que lo tenía como imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos cuando se desempeñaba como intendente de Diamante. La denuncia fue a raíz de la falta de aportes durante nueve meses a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad. La causa fue iniciada en 2009 por una denuncia promovida por el entonces concejal Fernando Pacheco, algunos trabajadores de la Municipalidad y pasivos de la Caja Municipal de Jubilaciones, que le recriminaban a Darrichón no haber depositado a favor de la Caja de Jubilaciones aportes personales y patronales desde un determinado tiempo. También fueron acusados el exsecretario de Gobierno Héctor Zapata y Oliva Taleb al advertirse que las conductas imputadas eran similares a las que se realizaban durante los gobiernos de Humberto Ré y Juan Colobig. Se dispuso la intervención del fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, quien dictaminó que el delito investigado estaba prescripto para los exintendentes radicales. Se realizaron pericias contables y se tomaron innumerables testimoniales. Finalmente, tras casi cuatro años de instrucción, el 8 de febrero Barbagelata dictó el sobreseimiento de Darrichón, de Zapata y de Taleb quienes fueron defendidos por los abogados Nelsón Schlotahuer, Luis Stello y Gamal Taleb. El juez determinó que no existió delito sino en todo caso una administración "negligente" o culposa de los recursos de la Caja, no sólo de Darrichón y Zapata, sino de los intendentes radicales Ré y Colobig, junto a sus secretarios Miguel Pacheco y Julián Vergara, así como también consideró el déficit permanente del municipio probado por la pericia realizada, y que claramente dejaba demostrado que si se optaba por cumplir con el pago de aportes en las épocas en que no se realizaron había servicios y sueldos de municipales que no se podían realizar. La resolución fue apelada a la sala de Paraná por el fiscal Guaita, pero en forma llamativa solo en los casos de Darrichón y Zapata y no de Taleb, a pesar del rol que la ley orgánica le ordena como custodia de las rentas municipales.