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e la redacción de INFORME DIGITAL Irma Rosana Barrientos y María Guadalupe González son dos vecinas de la ciudad de Paraná que iniciaron una demanda contra el gobierno provincial ya que declaran inconstitucional el decreto por el cual se desestima la demanda iniciada por el ex gobernador Sergio Montiel. La misma exigía la devolución del balneario Los Arenales, en donde actualmente se está instalando el barrio privado Amarras del Sol, propiedad del empresario Sergio Gregorio Lifschitz. Cabe recordar que en primera instancia hubo un juez que no legitimó la presentación de las ciudadanas paranaenses pero ellas apelaron y ahora una cámara tomó el expediente y hay una medida cautelar que impide seguir adelante con el emprendimiento. Al respecto, Santiago Reggiardo, declaró en Radio F5 que “la ley de fondo, el código civil, dice cuales son los bienes de dominio público del Estado (los caminos, las plazas, los ríos navegables y las costas de los ríos navegables). Esto quiere decir que solo pueden salir del patrimonio del Estado como bien de dominio público previa Ley de la legislatura que los desafecte. Si queremos vender una plaza, primero se dicta una ley de la legislatura, se desafecta el dominio público y se vende la plaza. Inclusive, puede pasar a lo que se llama dominio privado del Estado como es el caso de una ambulancia del hospital público que se puede vender sin necesidad de ley, pero las plazas, los ríos navegables y todo esto, no puede salir del dominio sin ley de la legislatura y esto nunca sucedió con el caso de los arenales”. Luego, uno de los abogados que litiga para que el bien en disputa quede en manos del dominio público provincial, expresó que “esta es una historia muy curiosa de las que pasan en este país. En 1965 el intendente Aldasoro andaba apretado con las relaciones técnicas del banco municipal y no encontraron mejor argumento que las playas de los arenales y por eso la municipalidad se apropia de ese bien y se lo pasa al banco municipal de manera que el banco solucionó su tema y mejoró su situación. Esto siguió así, el banco municipal en su momento lo concesionó para explotación del balneario, en otra oportunidad lo vendió con hipoteca y como no se cumplió, el banco municipal ejecuta este bien supuestamente de ellos y aparece en remate público, comprando Sergio Gregorio Lifschitz este inmueble. Como es absolutamente de origen, todas las transmisiones posteriores son nulas. Un bien de dominio público originario se transmitió al banco municipal y luego a un privado, pero es nula desde el arranque”. Por otra parte, Reggiardo manifestó que “en su momento la provincia dijo que es bien de dominio público y que nadie había autorizado el paso a la municipalidad. Hubo acción de nulidad de título y reivindicación, lo que significa que todo es nulo y que todo vuelve a la provincia. Pasó el gobierno, viene el gobierno de Busti y en un dictamen se dice que puede ser gravoso para la provincia seguir con el juicio ya que no se sabe si se va a ganar o no, pero no se puede perder. Busti dicta un decreto ordenando a la fiscal de estado para que se presente en el expediente desistiendo del proceso y ahí es donde intervenimos nosotros. Si se desiste, se acabó todo y quedó consolidado esa apropiación indebida en manos privadas. Ahí aparece el juicio de nulidad del decreto de inconstitucionalidad que lleva adelante la vecina de Paraná con nuestro patrocinio. Este decreto es nulo por que es facultad de la legislatura, el gobernador no puede pasar un bien de dominio público a un dominio privado, no se puede hacer por decreto”. Además, el letrado confirmó que “está el juicio de nulidad del decreto y nosotros pusimos una cautelar porque faltaba que el juez dijera `téngase presente y mándese las actuaciones al archivo´. Ahí entramos nosotros y pedimos la cautelar para que se suspendiera hasta tanto la justicia decida sobre la ilegalidad de este decreto de Busti mandando a desistir”. Para finalizar, quien fuera candidato a intendente del Partido Socialista en 2011 aseguró que mantienen la tranquilidad necesaria como para seguir avanzando y que de ser necesario llegarán a la Corte Suprema de Justicia: “si el Tribunal Superior llega a decir que está bien que el gobernador decida vender una plaza o una calle, nosotros vamos a seguir el camino hasta la Corte. Si la cámara hace lugar a nuestra demanda, posiblemente la otra parte apele. Siempre están abiertas las instancias del Superior Tribunal y de la Corte Suprema, nosotros vamos a ejercitar todas las vías”.