E

l pleno de la Cámara alta sancionó un proyecto de ley que establece una pena de uno a cuatro años de prisión a quien ejerza la explotación laboral de menores. La iniciativa en cuestión impone que la pena afecte al “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”. Además, el texto –se incorpora el artículo 148 bis al Código Penal- señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”. El debate El primero en hacer uso de la palabra fue senador del Frente para la Victoria (FpV) y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien aseguró que la iniciativa apunta a “empresarios inescrupulosos que intentan sacar una ventaja económica”, y destacó: “Lo importante es tener una ley posible, tener una ley hoy y terminar este ciclo para que haya una persecución penal”. “Es necesario entender que el trabajo infantil en cualquiera de sus condiciones y tanto en el contexto urbano como rural, vulnera los derechos del niño o niña en la medida que necesariamente implica una tensión con sus actividades educativas y recreativas". Y continuó: El trabajo infantil lejos de ser un remedio para las familias pobres intensifica y perpetúa su vulnerabilidad”, resaltó Guastavino, al tiempo que completó "esta ley apunta directamente a los empresarios urbanos y rurales que, buscando mayores ventajas económicas, explotan laboralmente a menores". Los senadores Gerardo Morales (Jujuy) y Liliana Negre de Alonso (San Luis), del radicalismo y peronismo disidente, respectivamente, pidieron la vuelta a comisión del proyecto. El primero solicitó “modificaciones en el tercer párrafo, con los casos que exceptúa la norma” -como por ejemplo, los padres-, mientras que la legisladora puntana se quejó porque en el texto no queda claro “el verdadero responsable intelectual de la violación de los derechos de los niños”. Por su parte, el también senador radical Luis Naidenoff (Formosa) rechazó rotundamente que queden exceptuados los padres. En ese sentido, expresó: “Yo entiendo lo de la situación económica de las familias. Pero si queremos combatir, hay que ir al hueso, significa que los padres asuman la responsabilidad y que no sometan a sus hijos a la explotación. El avance es muy relativo, es una especie de plumaje para que nada cambie”. La votación El proyecto fue votado, de manera unánime, por 63 senadores, aunque el radicalismo no acompañó el segundo párrafo del articulado, que señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”.